El Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha rechazado la demanda por la que una constructora, Megaria, pedía a una treintena de comuneros de una promoción fallida los 1,7 mllones de euros que invirtió, con otros socios, en los pisos que no llegaron a llevarse a cabo en Zaragoza. El juez considera que no se trató de una comunidad de bienes, sino de una promoción encubierta, y que los promotores no actuaron con la debida diligencia en la gestión del dinero de los comuneros.
La constructora demandó para ser indemnizada con los 1,7 millones que, según exponía, fueron los que se gastó en comenzar las obras sin que los comuneros, representados en el proceso por Ignacio Arsuaga, pagasen las certificaciones de la obra, hasta que esta tuvo que paralizarse y ya nunca se retomó.
La comunidad de bienes, sin embargo, alegaba que en el contrato se especificaba que concedían poderes a la empresa Suelo y Gestión para actuar en su nombre en la reserva inicial del terreno y el comienzo de las obras, a condición de que, antes de diciembre del 2011, se lograra la financiación bancaria para comprar todo el terreno, entre otros requisitos.
Esto no se consiguió, pero la promotora, en representación de la comunidad, firmó con la constructora un contrato para prorrogarlas igualmente, sin permiso específico.
El juez considera que es un caso claro de promoción encubierta, cuando la empresa busca comuneros para que sean ellos quienes paguen si las cosas van mal, como es el caso. La ley obliga a los gestores a actuar velando por los intereses de los gestionados, cuando en este caso impulsaron la promoción sin tener el terreno ni la financiación.
