El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza rechazó ayer la medida cautelarísima de suspender el cobro de la plusvalía en la capital aragonesa, que había solicitado la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) por la mañana. El juez Luis Carlos Martín Osante -como sustituto del titular, de vacaciones- admitió la demanda presentada por la asociación, e incluso tramitar la medida cautelar, pero esta requerirá oír al Ayuntamiento de Zaragoza, como demandado, y el proceso se pospondrá ya para primeros de septiembre.

La UCA presentó la demanda contra el consistorio después de haber instado directamente al alcalde Pedro Santisteve, a mediados de mes, a que suspendiera motu proprio el cobro. Argumentaba en su escrito que una vez que los tribunales han dictaminado que la plusvalía no se puede cobrar cuando no hay incremento real del valor, y que se han anulado los artículos correspondientes de la Ley de Haciendas Locales, no hay una regulación clara para seguir cobrando.

El alcalde no contestó, y la UCA, representada por el letrado Santiago Palazón, presentó la correspondiente demanda volviendo a instar, esta vez al juez, a que por los mismos motivos suspenda el cobro del impuesto hasta que se regule, como han hecho ayuntamientos como los de Pamplona, Málaga o Castellón.

SIN PERJUICIOS

La asociación había solicitado como medida cautelar que, hasta que se decida el proceso, se paralice el pago, teniendo en cuenta que si se deja de cobrar, el único perjuicio para el consistorio sería recibir el dinero tarde, mientras que si la resolución da la razón a la UCA, el consistorio tendría no solo que devolver la plusvalía sino pagar los intereses con dinero público.

El escrito también solicitaba la medida como cautelarísima, esto es, a realizar de forma inmediata, sin escuchar al demandado (el ayuntamiento), habida cuenta de que hoy empieza agosto, inhábil para la Justicia.

El juez ha denegado esta última posibilidad porque no ve las necesidades de urgencia que alegaba la UCA. Esto sería propio de situaciones difícilmente reversibles, como sucedía con los trabajos de cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe, o imposibles de deshacer, como el derribo de Averly.

Lo que no ha rechazado es la medida cautelar, admitida junto a la demanda. Pero esta da al ayuntamiento diez días para formular alegaciones contra la petición, y estos ya comenzarán a computar en septiembre. El juez podía haber habilitado agosto para ello, pero al no verlo urgente, tampoco lo ha hecho.