El juez de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza, Javier Albar, sentencia que no hubo lesividad en la revisión de precios aplicada para el transporte público en la capital aragonesa entre los años 2010 y el 2012, y que los 16,5 millones de euros que el ayuntamiento asegura que cobró de más la concesionaria, entonces TUZSA, no se pueden reclamar por ser una petición "extemporánea" y fruto de una interpretación "errónea" de los cambios introducidos por ley en la Ley de Contratos del Sector Público. Varapalo judicial a uno de los caballos de batalla del consistorio zaragozano en la pelea con la empresa, que sostenía, cuando se interpuso la demanda, que se le adeudaban más de 30 millones. Mientras, desde el consistorio, el vicealcalde, Fernando Gimeno, anunció ayer que "se va a recurrir".

El magistrado expone en su sentencia que el hecho por el que se pide la declaración de lesividad no debería fijarse en la anulación de la decisión del propio Gobierno de la ciudad del 7 de junio del 2010, en la que se venía a confirmar la aplicación de una revisión de precios que en los ejercicios sucesivos acabó trasladándose a un precio por kilómetro que era muy superior al que, a juicio del consistorio, debería haberse abonado. "El acto declarado lesivo no sería en sí sino el acto de ejecución o concreción del de 9 de mayo del 2009, el cual no ha sido declarado lesivo", argumenta.

El juez Albar considera que lo debería haberse impugnado era la decisión de un año anterior en la que, en lugar de sacar del coste el precio de la mano de obra o no permitir que el incremento superara el 85% de la subida del IPC, se dejó como estaba, sin cambios. Pero se habrían superado los cuatro años de margen que tenía para poder declarar lesiva esa decisión. Un plazo que, en el caso de TUZSA, finalizaba en el 2012. No en el 2013 que fue cuando finalizó la contrata, ni el 2014, que es cuando se interpuso el contencioso.

En esto basa la extemporaneidad el juez, que llega a afirmar, "respecto al fondo del asunto, que tampoco tiene fundamento la postura municipal". "No compartimos el criterio del juez y seguimos estando de acuerdo con el informe del catedrático José María Gimeno, por lo que vamos a defender los intereses de los zaragozanos. Porque, además, conociendo ese informe, si no hubiéramos hecho esto habríamos prevaricado", replicó Gimeno.