Habrá que esperar a que en los próximos días haya un pronunciamiento definitivo sobre la suspensión cautelar del decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se ordenaba el rescate del servicio de atención telefónica 010 y la subrogación de sus 14 trabajadoras. La jueza titular del Juzgado de los Contencioso Administrativo nº4 de Zaragoza escuchó ayer a la patronal empresarial de Zaragoza, CEOE, como recurrente, a las trabajadoras, al consistorio y a dos nuevos actores personados a última hora, la Administración del Estado y el sindicato CCOO. Pero ninguno de sus argumentos acabó siendo concluyente para emitir un veredicto in voce (de viva voz). Mientras, hoy, ellas seguirán atendiendo las llamadas de los zaragozanos y Pyrenalia gestionando el 010.
Es un servicio no esencial que se presta sin contrato desde el 2015, ni compromisos verbales, solo «de facto». Que tiene, dicho por la empresa que lo presta, 14 trabajadoras que llevan «varios meses con retrasos» en el cobro de sus nóminas y que «a fecha 28 de febrero se han dado las órdenes de pago» para percibir las retribuciones «de enero». Y que esta comunicó por escrito «en dos ocasiones» su voluntad de dejar de prestarlo pero que ayer aseguraba «estar en disposición» de seguir por el tiempo que haga falta, y que solo quiere que «se arregle cuanto antes» porque «como empresa nos causa mucho daño».
AGRUPAR CAUSAS
El testimonio de Juan Manuel Álvarez López, administrador único de Pyrenalia, puede resultar crucial en el pronunciamiento de la magistrada Concepción Gimeno sobre la suspensión cautelar. Este se demorará porque la Abogacía del Estado presentó su recurso en el juzgado número 5 y ayer se acordó la acumulación de las actuaciones, por lo que este deberá remitirlo al 4 y agrupar las causas.
Mientras, la jueza puede deliberar sobre dos posiciones contrapuestas en el rescate del 010 y las cautelares: decidir entre levantar la suspensión y provocar una situación que sería «de imposible o muy difícil reparación» cuando hubiera sentencia, como defiende la CEOE y la Abogacía del Estado, o si, como dijo el ayuntamiento, las trabajadoras y CCOO, «cabe la regresividad» si se declarara nulo el decreto.
Según el abogado de la CEOE, Jesús Lafuente, estos contratos laborales serían «prevalentes» ante futuros pliegos, no podrían volver al estatus actual y acabaría siendo un «perjuicio». «Generaría una situación de hecho y de derecho» para las 14 empleadas, apostilló Rafael Santacruz, abogado del Estado, para decir que lo prudente es suspender su subrogación porque «causaría un perjuicio irreparable». Al ayuntamiento y a las trabajadoras, que dejaría «en un limbo» legal si se planteara retornar luego a la actual contrata o a otra. Aunque la sentencia les diera la razón, «habría perdido la finalidad del recurso», indicó.
El letrado municipal, Carlos Navarro, y el representante de 13 de las 14 empleadas, José Manuel Aspas, solicitarán la inadmisión del recurso pero ayer cuestionaron la legitimidad de la CEOE para ejercer de parte actora del rescate del 010. Además, creen que el tribunal competente es el de lo Social, no el administrativo.
«Es loable el afán protector de una organización empresarial a las trabajadoras, pero somos nosotros los que valoraremos ese perjuicio», señaló Aspas, quien añadió que este es «hipotético» y que ahora de lo que se trata es solo de «cambiar al empleador». De Pyrenalia a un ayuntamiento que sí les pagará en tiempo y forma.
«Estamos judicializando la política», apuntó Carlos Navarro, quien llegó a tildar de «invento del interventor» decir que antes de subrogar se debe modificar la plantilla municipal. Mientras, el abogado de CCOO, Serafín Pérez, recordó a la CEOE que las empleadas acudían «como parte demandada, no como recurrente» y que la suspensión del decreto «excede en mucho lo que es el ámbito de una medida cautelar».
