El litigio de los 111 bienes de las parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón que se encuentran en depósito en Lérida sigue sumando capítulos a dos décadas de vaivenes. Este viernes, después de diez horas asumiendo que la fecha de entrega de las obras eclesiásticas ya no sería este lunes, 15 de febrero, sino que se retrasaría unas semanas tras haber admitido la jueza la participación de la Generalitat en el proceso de ejecución provisional de la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) se rectificaba a sí mismo por un error en la nota de prensa emitida a primera hora de la mañana donde se informaba de dicho retraso. El auto de la magistrada Pilar Yuste en ningún momento planteaba retrasar la fecha de entrega que dictó el juez al que suple, Carlos Lobón.
Cuando el obispado de Barbastro-Monzón detectó el error en la nota informativa, horas después de su publicación en los medios, reclamó su rectificación y volvió a poner en marcha la maquinaria para la llegada de los esperados bienes. Aunque el escepticismo de que el regreso se produzca pasado mañana es total, el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, el consejero de Educación, Felipe Faci, y los letrados de la Diócesis, Joaquín Guerrero, y del Gobierno de Aragón, Alberto Gimeno, estarán en el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón esperando su llegada este lunes, junto a todo su personal, «listos» para recibir las 111 obras de las parroquias aragonesas. «El 15 de febrero es la fecha límite para la devolución de las obras», recordaron en un comunicado.
La Generalitat, aceptada como colaboradora
El auto de la jueza del juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barbastro, Pilar Juste, hecho público este viernes, admitió el recurso de la Generalitat de Cataluña en el que reclamaba ser parte coadyuvante --esto es, colaboradora del obispado de Lérida y del Consorcio del Museo de Lérida-- en el proceso de ejecución provisional de la sentencia que establece el retorno «inmediato» de los 111 bienes de la diócesis de Barbastro. El auto establece que la Generalitat será considerada como parte coadyuvante y, a partir de mañana y una vez aceptada su intervención, dispone de un plazo de cinco días para formular sus alegaciones. Pese a ello, este plazo no interfiere en la fecha fijada para la ejecución provisional de la sentencia.
La jueza admitió la intervención del Ejecutivo catalán en el proceso de ejecución provisional porque, aunque los bienes «no están en poder de la Generalitat sino del Obispado de Lérida, no puede obviarse que la Generalitat (conforme al artículo 127 de su Estatuto de Autonomía), tiene competencia exclusiva en materia de cultura». Por ello, la jueza entiende que, como parte condenada y ejecutada, tiene un interés directo. Una decisión que para el abogado de la diócesis barbastrense, Joaquín Guerrero, es «correcta y legal».
Si la parte catalana incumpliera el plazo de entrega de este lunes, como se teme la parte aragonesa del ligitio, se podrían derivar responsabilidades penales o multas coercitivas, tal y como definía el auto de la ejecución provisional del pasado diciembre.
