CAI Inmuebles, la ruinosa división inmobiliaria de la caja de ahorros zaragozana, ha sido condenada a pagar 5,89 millones de euros por una operación que se convirtió en uno de los episodios emblemáticos de la operación Malaya, el asunto de corrupción urbanística que hace una década se llevó por delante al Ayuntamiento de Marbella.

La magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga, María Jesús del Pilar, ha emitido, un año después de celebrar la vista, la sentencia por la que resuelve el incidente concursal en el que Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias reclamó que declarara que CAI Inmuebles había actuado como administrador de la sociedad --promotora del hotel Guadalpín-- y que, como tal, fuera condenado a pagar 17 millones de euros.

La magistrada ha estimado parcialmente la demanda de Aifos --empresa defendida por el letrado zaragozano Ignacio Arsuaga-- y ha declarado que CAI Inmuebles --representada por Miguel Ángel Palazón-- "ha actuado como administradora de hecho de Aifos" y que "esta actuación determina su responsabilidad como tal, debiendo responder del daño causado". En ese sentido, condena a la filial inmobiliaria de la caja de ahorros a "reintegrar a la masa activa del concurso de Aifos la cantidad de 5.896.229 euros".

ACUERDO Aifos y CAI Inmuebles firmaron a finales de junio del 2000 un contrato de cuentas en participación para promover la construcción de los hoteles Guadalpín Banús y Guadalpín Village --el segundo no llegó a ser ejecutado--, operación para la que la filial inmobiliaria de la caja aportó doce millones de euros procedentes de la matriz financiera.

Las relaciones entre las dos empresas se tensaron con la detención del administrador único de Aifos --J. R. C.-- en la operación Malaya, en cuyo juicio resultó absuelto. Eso provocó una serie de maniobras de la entidad financiera y de su filial para liquidar la colaboración. Poco después, Aifos entraba en concurso de acreedores.

La reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella en el 2010 redujo la edificabilidad asignada a las fincas adquiridas para construir los hoteles, lo que provocó una desvalorización de 23,73 millones de euros en el patrimonio de Aifos.

Esta sociedad mantiene que esa pérdida debería haber sido asumida por los dos socios, por lo que le reclamaba los doce millones inicialmente aportados a la aventura --Aifos tuvo que malvender varias propiedades para liquidarlos y CAI Inmuebles canceló una cuenta bancaria fundamental para la viabilidad del proyecto-- y los 5,89 millones que esa última empresa pagó "en concepto de anticipos a cuenta del beneficio del negocio".

La magistrada sigue en la sentencia el criterio del administrador concursal de Aifos, que ya estimó que "ha existido administración de hecho por parte de CAI Inmuebles".

Y, por otro lado, la jueza añade que CAI y su filial inmobiliaria, de la cual posee el 100% del capital social, tienen el mismo domicilio y forman parte del mismo grupo, por lo que se trata de una misma entidad.

La sentencia considera que, en esta operación, "el beneficio de la operación es claro", ya que recuperó los doce millones inicialmente aportados por su filial y "también cobró 5.896.229 euros en concepto de anticipos a cuenta de las ganancias del negocio". "Otro beneficio --indica-- ha sido que, como consecuencia de la liquidación anticipada, CAI Inmuebles no ha participado en las pérdidas de la promoción, que han ascendido a 25 millones". "CAI Inmuebles impuso su voluntad va Aifos y sí actuó como administradora de hecho", añade.