Las doce familias de la cooperativa de viviendas Riberas del Canal de Zaragoza que invirtieron 72.000 euros --6.000 cada una-- para comprar su casa y no vieron un ladrillo, sabían perfectamente dónde se metían. Es el criterio de la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, Begoña Miguel, que ha desestimado la demanda de los afectados al no apreciar ningún tipo de fraude en el asunto. Según su criterio, la retirada de potenciales compradores --que sí recibieron su dinero-- y la crisis económica fueron la causa de la disolución.

Las familias, representadas por el letrado José María Lumbreras, habían interpuesto la demanda al considerar que la sociedad gestora de la cooperativa había actuado como una promotora encubierta. Sostenían que, al no tener dinero para una promoción habitual, habían contado con el de otros para construir sin riesgo, y ahí estaría el fraude.

La magistrada, sin embargo, considera que no hubo ningún tipo de ocultamiento, ya que las oficinas de la sociedad gestora estaban en el mismo lugar que la promotora, y por tanto los cooperativistas tenían que estar perfectamente al corriente de con quién trabajaban.

Da por acreditado que los demandantes sabían los riesgos y ventajas del régimen de cooperativa: arriesgaban su dinero a cambio de obtener una casa más barata, ya que solo pagaban los costes de construcción y los sueldos de los gestores, sin el beneficio industrial de una promoción habitual.

Así, lo invertido por los afectados entre septiembre del 2010 y mayo del 2011 se fue entre publicidad, sueldos y la renovación de opciones de compra de los terrenos. Finalmente, al irse retirando otras familias --a las que sí les devolvieron la inversión-- y no obtener financiación, el capital se agotó. No hay pruebas de que los gestores demandados o la sociedad se quedase un euro, para la magistrada.

"Ningún ánimo fraudulento ha existido en el caso que nos ocupa, simplemente sucedió que no se logró el número de cooperativistas necesario", recoge la sentencia, que condena además a los que reclaman a pagar las costas de los tres abogados de la defensa.

Los cooperativistas tienen aún tiempo para decidir si recurren la decisión o se conforman con haber perdido 6.000 euros al haber optado por la cooperativa.