La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona ha acordado iniciar un expediente de corrección disciplinaria contra el abogado Serio Pérez, defensor de los miembros de la familia de Borja presuntamente implicada en un caso de estafa al sacerdote de la localidad, Florencio Garcés, quien estuvo en la prisión de Zuera el pasado diciembre por apropiación indebida y un delito de cariz sexual.

El motivo de la apertura del expediente al letrado es, según aduce la magistrada, el presunto uso que este hace en sus recursos y demás escritos al juzgado de un lenguaje con expresiones "ofensivas" e "irrespetuosas" hacia la labor instructora.

"Niego rotundamente que emplee un lenguaje incorrecto hacia la jueza", manifestó ayer Sergio Pérez, que protestó por el hecho de que esta no haya tomado declaración al testigo protegido del caso ni al alcalde de Borja, como él ha solicitado reiteradamente.

"El testigo protegido ha declarado que todo es un montaje y me parece que su toma de declaración es fundamental para el esclarecimiento del caso", indicó Pérez.

OBSTRUCCIÓN Por otro lado, también se ha producido una imputación de obstrucción a la Justicia al "equipo de abogados de la defensa", por parte de la Guardia Civil. A raíz de esto, los letrados Enrique Trebolle y Antonio Val-Carreres han pedido que el agente que ha formulado esta acusación sea citado en el juzgado para que se ratifique, en cuyo caso podrían poner una querella por injurias y calumnias.

Por otro lado, hoy está citado el testigo protegido número 1, sin presencia de las partes, para un trámite de ratificación de unos escritos. De ser así, sería citado nuevamente para declarar, tal y como ha solicitado el fiscal.

Todos estos incidentes procesales se producen cuando faltan solo dos días para que comparezca en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona Santiago C. E., de 24 años, a quien denunció el párroco en noviembre por una estafa de 30.000 euros.

Florencio Garcés fue detenido en diciembre, acusado de la apropiación indebida de fondos de la parroquia, un supuesto delito por el que el obispado ya anunció que no emprenderá acciones legales. Asimismo fue acusado de abusos sexuales por los miembros de una familia de Borja.