La magistrada del juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza comunicó ayer al consistorio que no puede levantar la suspensión cautelar que pesa sobre la subrogación de las 14 trabajadoras del servicio 010 aunque la empresa que lo prestaba, Pyrenalia, haya decidido renunciar al frente del mismo. Ratifica, por tanto, la medida que ella misma adoptó el pasado mes de marzo y desestima la modificación solicitada por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). Y, lo que es más relevante ahora, mantiene la indefinición actual sine die sobre la situación laboral y contractual de las empleadas, dadas de alta por la empresa y prestando un servicio a una administración pública con la que esta ha extinguido su vínculo económico.
En su auto, recibido ayer mismo por el consistorio, la jueza considera que levantar la suspensión cautelar haría imposible la ejecución de una hipotética sentencia que acabara anulando el decreto por el que ZeC decidió, unilateralmente, subrogar al personal en febrero, como personal laboral indefinido no fijo.
En este sentido, considera el auto que colisionaría con los derechos de aquellas personas que quisieran pelear, en libre concurrencia, por esos mismos puestos en una oposición, como defendía uno de los demandantes (el sindicato municipal STAZ), y afectar gravemente al interés público.
Así pues, como la magistrada entiende que existe una colisión de intereses de las partes implicadas, «siendo todos ellos legítimos», ella no podía hacer que prevalecieran los de unos sobre los de los otros, ni sobre el interés público. Siendo todos ellos, remarca, intereses de trabajadores, las que operan en el 010, los que se personaron como recurrentes (STAZ) y los posibles aspirantes a una plaza municipal bajo los principios de mérito y capacidad.
