La jueza Nieves Pérez, que instruye el caso del cura de Borja, acusado de apropiarse indebidamente de 185.000 euros de las cuentas de la parroquia, ha oficiado a la Santa Sede para preguntar si desea reclamar la cantidad supuestamente desviada por Florencio Garcés.

Este trámite se produce meses después de que el Obispado de Tarazona declinara personarse en la causa como parte perjudicada. La Iglesia argumentó que no había sufrido detrimento alguno en su patrimonio, pero la investigación judicial siguió adelante.

Inicialmente, la jueza cifró en 210.000 euros la cantidad que el sacerdote había supuestamente desviado de los fondos de la parroquia de Borja, que llegó a contar con diez cuentas diferentes. En ellas se guardaba el dinero procedente de donativos y, muy especialmente, parte del importe obtenido por un feligrés tras la venta de un terreno.

Según las primeras explicaciones, el cura pudo emplear la suma desaparecida de las cuentas en el pago de supuestos chantajes por parte de la familia gitana Zapato Veloz, con el fin de que sus miembros no divulgaran fotos comprometedoras que nunca han visto la luz.

El sacerdote manifestó que era víctima de extorsiones y también aseguró que empleaba dinero para ayudar a familias necesitadas de Borja y su comarca, un extremo bien conocido por sus vecinos, que a menudo veían personas que iban a casa del párroco, en pleno centro, a pedirle dinero.

El caso posee asimismo una vertiente sexual que ha ido quedando al margen pues las partes han renunciado a seguir adelante con las acusaciones. De hecho, el sacerdote estaba acusado de un delito contra la libertad sexual, pero el asunto quedó desdibujado cuando su acusador, Santiago Carbonell, no quiso seguir adelante con la denuncia y se vino abajo la imputación. Con todo, esta persona afirmó que sus acusaciones eran ciertas.

Por su parte, Sergio Pérez, abogado de la familia Zapato Veloz, siempre ha mantenido que toda la historia es un montaje que no se tiene en pie, dado que sus principales protagonistas se han retractado de las graves acusaciones iniciales, en las que Florencio Garcés aparecía como un septuagenario lascivo que había sido víctima de un chantaje por sus propias víctimas. Sin embargo, la cuestión del dinero gastado de forma indebida no ha sido resuelta y sigue siendo objeto de investigaciones e incluso detenciones, como las dos que se registraron recientemente en distintos puntos de la provincia.