Revés para el Ayuntamiento de Zaragoza. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la cláusula municipal que prohíbe la cesión de suelo público para fines privados. En concreto, se refiere a una parcela del barrio de Valdespartera cedida para la construcción de un centro educativo. En el momento en el que la DGA mostró su intención de que este fuera concertado, el consistorio dio marcha atrás e incluyó una cláusula que exigía la condición de que la gestión fuera "directamente" pública. La consejería de Educación la recurrió y ahora una jueza le ha dado la razón.
Y lo ha hecho por dos motivos: primero porque considera que la cláusula tercera del ccuerdo del consistorio del 24 de marzo del 2014 "contraviene" la Ley Orgánica de Educación. Y segundo porque la "prestación del servicio público" de la educación se realiza a través de centros "públicos y privados concertados".
Desde el área de Urbanismo no se pronunciaron sobre si se recurrirá la decisión. "Los equipos jurídicos están analizando el texto", explicaron. Sí que lo hicieron desde CHA e IU que instaron al teniente de alcalde de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, a que formalice el recurso y mantenga la limitación de no ceder terrenos que son de titularidad pública para fines privados y lucrativos.
RECURSO
"No estamos en contra de que haya colegios u hospitales privados, pero si quieren instalarse en Zaragoza, que paguen el terreno", sentenció el portavoz de CHA, Juan Martín. Afirmó que no comparte el contenido jurídico de la sentencia --"desde el respeto", precisó-- y explicó que el consistorio solo tiene la obligación de ceder suelo al Gobierno de Aragón para fines públicos. "Si se quiere abrir un colegio privado no se necesita a la DGA, sino a la empresa".
Desde IU indicaron que "no cederán" y que seguirán defendiendo la enseñanza pública a "ultranza". Su portavoz, Pablo Muñoz, explicó que el consistorio no debería ceder ningún terreno que "corra el riesgo de ser privatizado". El grupo anunció que se reunirá con la plataforma Valdespartera + Coles que lleva tiempo exigiendo un colegio público en el distrito que se sumaría a los dos que ya existen. Además, exigirá al área de Urbanismo explicaciones "por la falta de información", dado que la sentencia está fechada a 4 de noviembre.
De hecho, ese mismo día se celebró el primer encuentro de la llamada mesa del suelo que tenía como propósito desbloquear la cesión de varias parcelas públicas. Terminó sin acuerdo entre otras cosas porque el PP mantenía su condición de que el consistorio levantara el veto al colegio concertado de Valdespartera, ahora anulado por la jueza.
Por su parte, el portavoz del PP, Pedro Navarro, aseguró que "la jueza ha refrendado todos los argumentos" del grupo. Instó a Pérez Anadón a que "recapacite" y no recurra. Es más, le pidió que "vuelva al centro de la política" y evite la "radicalidad" de IU y CHA que se negaron desde el principio a que se traspasara un terreno público para un fin privado.
Recordó que la construcción de este colegio concertado supondría una inversión de 16 millones de euros y crearía 200 puestos de trabajo. Además, dotaría al barrio de equipamientos deportivos y supliría la demanda de plazas escolares.
