La jueza Mercedes Terrer ve indicios de un posible delito de injurias y calumnias en las declaraciones de Idrisa G., el portavoz de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) quien en varios medios de comunicación afirmó que la Policía Local de Zaragoza hostigaba a los manteros y les robaba mercancía. Unas declaraciones que motivaron la apertura de un expediente de información reservada (investigación interna) en el Ayuntamiento de Zaragoza, del que un año después no se conoce ningún resultado.
El Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ) denunció tanto a Idrisa G. como a Julio César A. S., de la asamblea de Derechos Civiles del 15-M. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza considera que este no hizo otra cosa que acompañar al anterior a presentar la reclamación al ayuntamiento, o publicar noticias de medios ya accesibles en su web, y esto no sería delito, por lo que sobresee el caso contra él.
En el caso del senegalés, por contra, la instructora sí ve indicios de posibles delitos de injurias y calumnias. Según repasa, Idrisa G. declaró, en informaciones recogidas en medios digitales, que «es algo muy habitual» que «miembros de la Unidad de Apoyo Policial Operativo (UAPO) de la Policía Local esperen a los vendedores fuera del rastro y cuando estos suben al autobús, entra un agente por delante y otro por detrás para que el mantero no pueda salir y les quitan lo que llevan». También que «les agreden» y lo hacen «solo porque son negros», o que «se aprovechan mucho de los vendedores que no hablan bien y mienten en el parte».
En definitiva, concluye la jueza, el investigado imputa a los agentes graves delitos como malos tratos por motivos racistas, falsedades en los partes o sustracciones de mercancía, lo que de ser falso constutiría un delito de calumnias (atribuir falsamente un delito). Lo cual supone un lógico menoscabo para la imagen pública del cuerpo policial. Y la acusación la realiza, además, «sin que se haya probado la verdad de tales imputaciones delictivas».
RETIRADA
Esta última afirmación de la magistrada, que cuenta entre su documentación con el expediente de información reservada del servicio de Personal del ayuntamiento, ha llevado a STAZ a pedir al Ayuntamiento de Zaragoza que archive la investigación, ya que según la jueza no prueba nada. El concejal Alberto Cubero afirmó el lunes en comisión que desde diciembre no hay novedad en el expediente, pero no aludió a que vayan a archivarlo.
La jueza deja en manos de las acusaciones (Fiscalía y el propio sindicato) que acusen o pidan archivar la causa penal contra Idrisa G. en diez días.
