La municipalización del servicio de atención telefónica 010 tendrá que esperar. La jueza del Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza ha decidido mantener la medida cautelar adoptada el pasado 24 de febrero tras el recurso presentado por la patronal de empresarios, CEOE, después de tomar declaración a las partes implicadas. La magistrada hace referencia a los informes de la Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza para justificar la adopción de la medida cautelar solicitada por la patronal de paralizar el proceso de internalización.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza instaron ayer a Pyrenalia, que seguirá prestando el servicio, a que abone las nóminas de las empleadas en tiempo.
La jueza ha decidido mantener la medida teniendo en cuenta los distintos intereses en conflicto y con el fin evitar diversas situaciones «irreversibles» a futuro que pudieran afectar directamente a terceros, es decir, a las 14 empleadas.
AFECCIONES
Según la jueza, no ejecutar de forma urgente el rescate del 010 no va generar «un grave perjuicio» al interés público -que asegura que es «amplio y difuso»- porque su afección se limitará a «la mayor o menor tardanza» en hacer realidad la internalización, en caso de que esta fuera la decisión. Añade que los intereses de las trabajadores no pueden resultar afectados y verse sometidos «a los vaivenes» del devenir de la cuestión recurrida. Según la magistrada, la cuestión que se plantea implica el análisis y la consideración de numerosas cuestiones jurídicas que merecen una decisión que se adopte tras el análisis de toda la información necesaria.
En el auto, se explica que la medida cautelar tiene el propósito de «intentar asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil». Asimismo, argumenta que la ejecución inmediata de la municipalización del servicio «no tendría una fácil reversibilidad» ya que, en el caso de incluirse las 14 trabajadoras en la plantilla municipal y resultar la demanda estimada, la solución a la situación creada no sería fácil, ya que formarían parte de la plantilla. Por ello, explica que ejecutar el proceso afectaría directamente a la finalidad del recurso «imprimiendo inseguridad».
Otro de los argumentos utilizados por la jueza se basa en la declaración del representante legal de Pyrenalia, que manifestó al juzgado estar en disposición de seguir prestando el servicio. Lo cierto es que solo diez de las 14 empleadas han cobrado, por ahora, la nómina de enero. Desde el consistorio solicitaron ayer a la contrata que cumpla con su responsabilidad y abone las nóminas pendientes así como el resto en tiempo y forma. Cubero señaló que «del mismo modo que el consistorio ha pagado diligentemente sus facturas con Pyrenalia, las trabajadoras deberían ver sus nóminas ingresadas sin demora alguna por parte de la empresa».
La CEOE -y la Delegación del Gobierno en Aragón-recurrieron la decisión del Gobierno de iniciar la municipalización, en solitario y por decreto, sin tener en cuenta el informe de Intervención que ponía reparos al proceso. Por decreto, ZeC decidió que el 1 de marzo el 010 pasaría a ser público y sus 14 empleadas subrogadas. Precisamente, es sobre la subrogación como personal laboral indefinido no fijo donde surgían las principales dudas legales, tanto de la CEOE como del resto de formaciones políticas.
El interventor concluyó en dos informes que antes de iniciar el proceso se debían crear los 14 puestos para convocar la Oferta Pública de Empleo (OPE). En cambio, Santisteve utilizó como hoja de ruta un informe de los servicios jurídicos, encargado tras el primer documento del interventor, que valoraba que las plazas podían crearse antes o después de la subrogación.
