La jueza de Barbastro encargada del pleito por la reclamación de las obras de arte todavía retenidas en el Museo de Lérida ha solicitado al Obispado de Barbastro y al Gobierno de Aragón que informen del valor de las citadas piezas. El objetivo de este trámite es fijar el montante de las multas que podría exigir de aceptar los escritos presentados por la parte aragonesa en los que se le pide que fije una nueva fecha para la entrega de los objetos de culto y que, caso de no cumplirse, imponga sanciones y aperciba de que se puede incurrir en un delito de desacato.
Los letrados del obispado barbastrense y de la DGA ya solicitaron días atrás, cuando Lérida rebasó la fecha tope para la entrega del 15 de febrero, que se impusieran multas de 500 euros diarios.
«Según la normativa, el montante de las multas no puede exceder del 20% del valor de los bienes, por eso necesita ese dato, si bien las piezas se tasaron en su día en 7,7 millones de euros», explicó ayer Joaquín Guerrero, letrado del Obispado de Barbastro, que señaló que los cinco bienes recibidos en Barbastro el lunes pasado «todavía no se han abierto». «Algunos de ellos están muy deteriorados», subrayó.
"Al margen del juzgado"
Guerrero mostró su malestar por el hecho de que el Consorcio del Museo de Lérida «está haciendo últimamente todos los trámites al margen del juzgado de Barbastro». Asimismo, denunció que los responsables de la sala de exposición leridana emplean «tácticas dilatorias» para aplazar todo lo posible la entrega de los objetos de más valor.
«Convocaron una licitación para el transporte, pero no era necesaria porque el obispado no es un ente público y no está sometido a las normas de los contratos de las administraciones públicas», aseguró.
De hecho, añadió el abogado, el Museo de Lérida ya ha hecho traslados importantes, como en una ocasión en que envió bienes a Filadelfia, «por lo que tiene experiencia en este campo y no debería dilatar tanto la operación».
