El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 ha suspendido de forma cautelar el proceso de municipalización del servicio telefónico 010 del Ayuntamiento de Zaragoza a petición de la CEOE, al considerar que subyacen numerosos intereses en conflicto. La noticia se conoció durante la comparecencia del alcalde, Pedro Santisteve, solicitada por el PP para que explicase los criterios seguidos por el Gobierno para iniciar el rescate.

El debate sobre la internalización fue muy duro por parte de la oposición, que acusó a Zaragoza en Común (ZeC) de incumplir la ley y de cuestionar el trabajo del interventor municipal. Por si fuera poco, la Delegación del Gobierno en Aragón ha solicitado a la Abogacía del Estado que recurra el proceso al considerar que el decreto de Alcaldía podría «incurrir en diversos vicios». El martes todas las partes implicadas tendrán que ir a declarar y, hasta que el juez dicte sentencia, el servicio lo seguirá prestando Pyrenalia.

La sesión plenaria de ayer volvió a evidenciar que ZeC, además de gobernar en minoría, carece de apoyos y simpatías. El alcalde dejó bien claro durante la comparecencia que tiene competencias para decidir qué informe es el que puede utilizar el Gobierno de la ciudad como guía en el proceso de la internalización: el del interventor, que concluye que ha habido irregularidades en el proceso, o el de los servicios jurídicos, que les da vía libre. Solo ZeC cree que debe ser este último la hoja de ruta. «Este alcalde ha decidido porque está dentro de sus competencias legales resolver discrepancias entre la asesoría jurídica y el interventor» que están relacionadas con la subrogación.

DE PARTE

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, acusó al interventor de hacer un informe de parte, es decir, a medida para PSOE y C’s, los dos grupos que lo solicitaron. «No solo es de parte, es, incluso, hasta una especie de guerra sucia de la CEOE», aseguró, dado que la patronal lo incluyó en el recurso por el que solicitaba la suspensión cautelar del acuerdo de Alcaldía sobre la municipalización. Tanto Santisteve como Cubero acusaron a la CEOE de recurrir en nombre del PP y de iniciar su carrera política. «Han judicializado el proceso a través de la CEOE», les acusó el alcalde.

El PSOE fue especialmente duro ayer con ZeC. La socialista Marta Aparicio acusó al Gobierno de llevar 16 meses «llenando folios» sobre el 010 que lo único que han conseguido ha sido «descubrir sus carencias». Cuestionó la función del alcalde, a quien acusó de «obedecer a su segundo» en referencia a Cubero, y a «un imperativo de una larga lista de prejuicios». Según la socialista, el regidor «se ha dejado por el camino» el liderazgo y se ha dedicado a «mandar y no a gobernar» porque, entre otras cosas, «no le importa la gobernabilidad». Para Aparicio, el Gobierno de ZeC tiene un comportamiento «autoritario y al margen de la legalidad».

ILEGALIDAD

Desde el PP, Jorge Azcón instó al alcalde a que le diera una razón para no acudir a la Fiscalía por «saltarse a la torera los informes del interventor» que actúa, aseguró, con independencia y autonomía y dicta norma. El popular aseguró que «su incapacidad» de diálogo es el principal motivo por el que no pueden llegar a acuerdos. El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, fue el que más se acordó de las 14 empleadas. Le preguntó al alcalde, con poco éxito, qué tenía pensado hacer cuando el acuerdo de Alcaldía se declare nulo por «haberse saltado el reglamento de las bases de ejecución y no haber respetado los procedimientos» al no entregar al interventor el informe jurídico para su valoración. «Pare esta decisión porque se declarará nula de pleno derecho, se lo aseguro».

Desde C’s, Sara Fernández lamentó que, «en ningún momento, han planteado una mejora para este servicio» y les acusó de utilizar los informes del interventor según les conviene. «Cuando quieren es ley y cuando no, no lo es».