El juicio civil por el accidente del avión ucraniano Yak-42, que se celebrará a partir del 11 de enero del 2005 en los Juzgados de Zaragoza, determinará judicialmente y por primera vez la causa del accidente, ocurrido en Turquía en mayo del 2003 y en el que perdieron la vida 62 militares españoles, en su mayoría destinados en la capital aragonesa.

Por este motivo, en la audiencia preliminar celebrada ayer en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza los abogados de las víctimas y de Ukrainian Mediterranean Airlines (UM Air), la compañía aérea demandada, solicitaron al juez Angel Dolado que se practiquen nuevas pruebas y se ratifiquen otras ya presentadas en torno a los hechos que motivaron la tragedia aérea, la existencia o inexistencia de billetes, las responsabilidades derivadas del siniestro y el montante de las indemnizaciones, cifradas en 12,5 millones de euros.

VIAJE SIN BILLETES Ambas partes hicieron especial hincapié en que se determine en el juicio oral si se emitieron billetes con motivo del viaje. Javier Hernández, abogado de varias de las víctimas, que sostiene que no existían billetes en esos vuelos, pidió que se cite como testigos a los militares que viajaron en el mismo avión en el trayecto de ida para que declaren si portaban pasajes.

La compañía aérea, representada por el letrado Rodolfo A. González-Lebrero, solicitó asimismo pruebas para averiguar si, como él sostiene, los viajeros disponían de su correspondiente billete.

Por otro lado, entre las pruebas solicitadas por los abogados de la parte demandante figuran la ratificación de los informes aeronáuticos que atribuyen la responsabilidad del accidente al piloto ucraniano, y la solicitud al Ministerio de Defensa y a la comisión investigadora turca de toda la documentación relativa al siniestro

La parte demandada, por su lado, atribuyó el accidente a "una concatenación de causas" y subrayó que se habían producido graves fallos y carencias técnicas en el aeropuerto turco de Trebisonda, "que no avisó al piloto de que se estaba acercando a un montaña".

El juez Dolado, que rechazó la petición de González-Lebrero de aportar al acto de la vista oral las grabaciones de las conversaciones entre la torre de control y el piloto de la aeronave, también rechazó el argumento de la compañía aérea según el cual los abogados de las víctimas carecen de legitimización activa para reclamar indemnizaciones. Dolado mantuvo, por otra parte, que la vía penal no excluía el procedimiento civil.

"El juez ha considerado que las cantidades abonadas por el Ministerio de Defensa a las familias de los fallecidos son independientes del juicio civil", explicó Javier Hernández al término de la audiencia preliminar.