La Audiencia de Zaragoza juzgará a finales de mayo a un hombre -Mario O. B.- por, supuestamente, defraudar a la Seguridad Social 125.109 euros tras crear una red ficticia de contratación de trabajadores. Dio de alta, al parecer, a 23 personas durante tres años. Unas personas que le acompañarán en el banquillo.
La Fiscalía solicita para el principal acusado 4 años de prisión y una multa de 300.000 euros. Tiene en cuenta la agravante de reincidencia, puesto que este hombre ya fue condenado en el 2013 por un delito de falsificación en documento oficial y estafa. Los otros procesados se enfrentan a penas de entre dos años y nueve meses de cárcel. La acusación pública entiende que Mario O. B. «dio de alta en una empresa sin actividad a personas a las que, en algunos casos llegó a cobrarles por los supuestos contratos». «Estos empleados se beneficiaron de ello para conseguir permisos de residencia o presentaciones por desempleo», apostilla la Fiscalía.
Las defensas, ejercidas por los abogados Olga Oseira, José Cabrejas, José Luis Melguizo y Javier Elía, niegan los hechos que les atribuyen a sus clientes y piden la libre absolución de los 24 procesados.
