Mario O. B. será juzgado próximamente como supuesto responsable de un agujero de 125.109 euros en las arcas del Servicio Público de Empleo Estatal, por el paro que percibieron 23 trabajadores de su empresa. La Fiscalía entiende que estos no llegaron a desempeñar ninguna función, y pide para ellos penas de entre nueve meses y dos años de prisión, que eleva a cuatro en el caso del empresario.

El ministerio público considera que la empresa que Mario O. B. fundó en el 2009, Suministros Maol, no llegó nunca a tener actividad real. Pero sí la aprovechó, según la acusación, para dar de alta entre el 2012 y el 2014 a al menos los 23 coacusados, a cambio de dinero.

Estos lograban obtener permisos de residencia o empleo, en el caso de ser extranjeros, y además cobraban paro cuando eran despedidos de su empleo ficticio. En total, los empleados, defendidos entre otros por Carmen Sánchez, deberán afrontar junto con el empresario (al que piden una multa de 300.000 euros) la deuda del paro.