Una pareja de Zaragoza se sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados por supuestamente extorsionar a un deficiente mental. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cuatro años de ingreso en un centro penitenciario.

Juan José P. N. y Herminia Pilar P. G. deberán de aclarar si durante tres años consecutivos presionaron a su vecino Enrique para que les diera 30 euros semanalmente.

No solo le exigían dinero, sino que también, según el ministerio público, que de vez en cuando les entregara documentación personal como DNI y la cartilla del banco con la que posteriormente le hacían contratar diferentes servicios. En alguna ocasión se adueñaron de la tarjeta de crédito, además de usar libremente la línea de teléfono.

Los procesados desempeñaron esta actitud ante la declaración de incapacidad parcial, según una sentencia judicial, de administrar su patrimonio, debido a una deficiencia mental.

MIEDO La Fiscalía resalta que para doblegar su ya disminuida voluntad como consecuencia de su enfermedad, "le sometieron a un estado de miedo a sufrir palizas si no accedía a sus peticiones". De hecho, la víctima denunció ante la Policía Nacional, en junio del 2013, que había sufrido en numerosas ocasiones golpes y maltrato, aunque no tuvo que ir nunca a ningún centro sanitario por lesiones vitales.

Tanto el perjudicado como la Comisión de Tutelas del Gobierno de Aragón reclaman que se le indemnice conforme le corresponda. No obstante, cifran en unos 5.100 euros el dinero que pudieron haberse llevado los dos encausados.

ABUSO El ministerio público justifica su petición de cárcel a la agravante de abuso de la confianza, ya que fueron más allá de perjudicar a una persona que sufría una enfermedad, amparándose en la relación existente entre ellos.

Asimismo, pide que durante un tiempo de seis días estén localizados de forma permanente como autores de una falta continuada de maltrato de obra.

Desde la defensa, ejercida por la penalista Olga Oseira Abril, se rechazan estas acusaciones y se pide la libre absolución para ambos encausados.

El matrimonio asegura que ellos no pasaban por ninguna necesidad económica, que tenían todo al día y que eso jamás se lo hubiesen hecho porque le tenían cariño. No obstante, recalcan que ellos se ocupaban de él y que si en algún momento les ha dado algo es con su consentimiento. Un juez tendrá que decidir la semana que viene si eso es verdad o no.