Las labores de reparación de una avería en una línea eléctrica de Endesa de 15.000 voltios en Morata de Jalón (Zaragoza) en marzo del 2012 produjeron el fallecimiento de uno de los operarios que estaban desarrollándolas. Ahora, ocho técnicos y responsables de riesgos laborales de las empresas que intervinieron en estas labores, Endesa y Vodafone, y sus subcontratas, Cobra y Eulen, se sentarán próximamente en el banquillo.
Tras seis años de investigación en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina, Fiscalía considera que estos trabajadores pudieron cometer delitos contra el derecho de los trabajadores y homicidio por imprudencia grave por los que solicita penas de entre uno y tres años de cárcel.
El ministerio público les hace responsables de esta muerte tras describir una maraña de empresas subcontratadas cuya falta de coordinación y previsión influyó en la muerte del trabajador.
De oficio, ya que la familia de la víctima no se persona en el caso tras ser indemnizada, la fiscala reprocha la actitud del jefe de equipo de Cobra, P. P. P., porque «no comunicó que un equipo electrógeno suministrado por Eulen tenía uno de sus bornes en mal estado».
Se lo debería de haber dicho a su jefe de obra, A. L. R., quien «como jefe general de la obra de Cobra nada había hecho controlar y vigilar ni las medidas de seguridad de sus hombres, ni el estado de conservación y mantenimiento de los medios materiales que tenían los empleados».
CORTOCIRCUITO / A ello añade que el oficial de segunda que estaba junto a la víctima, J. M. G., manipuló uno de los elementos del generador para colocar sobre el mismo el grupo electrógeno que produjo un cortocircuito.
«De este modo, tras el fatal desenlance, Inspección del Trabajo pudo comprobar que el grupo electrógeno no disponía de conexión adecuada al cuadro eléctrico», repasa la fiscala en su escrito.
Del mal estado del grupo electrógeno, Fiscalía responsabiliza al fefe de control de Vodafone en Aragón, A. C. V., por «no controlar y vigilar» los medios materiales suministrados a su subcontratada Eulen, «ni en cuanto a suministrar información a los operarios para la realización de tareas como la del siniestro».
También sienta en el banquillo a la que en ese momento era la autora del plan general de prevención de riesgos laborales, M. J. P. G., porque «no previó ni organizó los medios de control adecuados para ejecutar los trabajos», y a su jefe, J. P. V.. A ellos se suman técnicos de empresa, C. A. B. y J. F. O., que tampoco supervisaron como debían, según la acusación pública.
