Han pasado siete años desde que se interpusiera la primera denuncia contra la entonces alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, por prevaricación y malversación de caudales públicos y el denominado caso Molinos, no se ha resuelto. El Juzgado de La Almunia número 2 ha finalizado la instrucción y ayer pasó traslado a la Audiencia Provincial de Zaragoza, que será el órgano que juzgue a los 41 imputados, entre ellos la primera edila. Se estima que el juicio podría celebrarse a finales del año próximo.

Como una diligencia, capitaneada por el secretario judicial y el magistrado Alfredo Lajusticia, llegaron ayer los 240 tomos que conforman el sumario. Los recibió el secretario de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Eduardo Cativiela, que será quien custodie toda la información de este asunto, la mayor presunta trama de corrupción nunca investigada en Aragón --a expensas del resultado global de los casos Plaza--.

Ahora que esta investigación está en el tribunal provincial, el siguiente paso será que se designe ponente, es decir, que se elija al juez que dictará la sentencia. Los candidatos son Antonio Eloy López Millán, Francisco Javier Cantero y Julio Arenere, aunque este último podría no estar porque se postula a ser el próximo Justicia de Aragón.

LECTURA

Una vez que se sepa quién va a dictar el fallo y presidir el tribunal, este tendrá que leerse los más de 33.000 folios. Una ardua labor, ya que con todo el conocimiento tendrá que responder a la cuarentena de partes personadas, entre abogados defensores y de acusación, a sus peticiones de documentos y testigos que quieren llevar a juicio. En caso de que alguna de estas pruebas se rechace, lo más probable es que se recurra dicha decisión.

Todo este proceso es el que, según fuentes consultadas, va a hacer que el juicio no se celebre hasta finales del año 2015. Importante será también saber dónde tendrá lugar porque la capacidad de las salas de vistas de la Audiencia de Zaragoza y de la Ciudad de la Justicia podrían ser insuficientes.

Ese día se sentarán en el banquillo unos cuarenta acusados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, falsedad, exacciones ilegales, prevaricación, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas con funcionarios y fraude fiscal.

Al frente de todos ellos estará María Victoria Pinilla, quién dirigió La Muela --como independiente por el PAR-- desde junio de 1987 hasta que salió del consistorio como consecuencia de este caso que investigó la Unidad de Delitos Económicos de la Policía en Aragón. La regidora se enfrenta a 37 años de prisión que solicita para ella la Fiscalía, si bien el consistorio muelano, que actúa como acusación particular, eleva la pena a 69 años.

Su abogado, José Antonio Visús, entiende que la instrucción tenía que haber apuntado a la DGA, puesto que Pinilla "no tenía poder para hacer lo que se le acusa".

Sin embargo, el juez instructor señaló que ella y su familia, entre ellos su exmarido José Antonio Embarba y su primo Carmelo Aured, se embolsaron más de 18 millones a través del cobro de comisiones ilegales o de fraudes al Fisco. Entre su patrimonio destacó la casa de un millón de euros en La Muela, la de Sotogrande o la de República Dominicana.

Un enriquecimiento al que se sumaron, presuntamente, exconcejales y empresarios de la construcción. Estos se enfrentan a penas que oscilan entre los 26 y los dos años de cárcel.