¿Qué entiende la ley de bases como vigilancia de la industria alimentaria? ¿Todo lo que tenga que ver con los alimentos? ¿En origen, en destino, en la distribución? Son demasiadas las dudas que genera la reforma local en una de las competencias que el Ayuntamiento de Zaragoza ya tiene claro que dejará de prestar "a partir del día 1 de julio". El control y la vigilancia de los alimentos, o de instalaciones como los mataderos, y un sinfín de puntos de la cadena de producción que hasta ahora vigila el Instituto Municipal de Salud Pública del consistorio, y que dejará de hacerlo en esa fecha.
El problema es que, aunque quedan tres meses, nadie en el Gobierno de Aragón les aclara qué van a poder seguir haciendo y qué no. De nuevo la interpretación ambigua de la ley se topa con la urgencia de un plazo que, para ellos, ya está marcado. Los seis meses de margen para desprenderse de unas funciones que aún no saben hasta qué punto les afecta. Pero el instituto municipal trabaja en definirlas. Y tampoco nadie aclara quién se hará cargo a partir de julio de esa labor que realizan.
