Junta Electoral Central anunció este lunes que la campaña que el Partido Popular realizó en los autobuses urbanos de Zaragoza el pasado mes con una imagen de su candidato a la alcaldía y el lema Jorge Azcón alcalde no vulnera la ley. Esta decisión revoca el fallo de la junta provincial, que sí consideró, a partir de la denuncia del PSOE, que el eslogan no se ajustaba a la norma y solicitaba la retirada de los anuncios.

El cambio de parecer llega una vez que la propia campaña ya ha finalizado -lo hizo el pasado martes- y después de que los populares interpusieran un recurso a la primera decisión de la Junta Electoral Provincial de Zaragoza. Así, la resolución considera que esta campaña no incumplía la ley, puesto que «la resolución impugnada se adoptó antes de la convocatoria de elecciones locales, momento en el que no resultaba aplicable a la propaganda denunciada la prohibición establecida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)».

La alcaldable por el PSOE, Pilar Alegría, decidió poner en conocimiento de la junta la campaña publicitaria del conservador. La junta provincial consideró que con el mensaje que aparece en los vinilos de Jorge Azcón alcalde en cinco líneas diferentes (tres buses en cada una) se estaba llamando «implícitamente el voto para un determinado candidato, lo que vulnera claramente» la ley. Recordaba también que «no cabe la contratación de autobuses para su utilización como medio de difusión de propaganda electoral antes del comienzo del periodo estricto de campaña electoral».

Por ello, la junta acordó requerir al PP que «cese» la campaña de forma inmediata. El PP decidió recurrir la resolución ante la Junta Electoral Central para evitar tener que hacerlo. Según explicaron, y atendiendo a la normativa, hasta que no hubiera una resolución definitiva, la que llegó este lunes, no tenían la obligación de retirar los vinilos de los buses. Pudieron concluir así el tiempo estipulado de la campaña en los autobuses, que acabó el martes de la semana pasada. La reciente decisión de la junta central les da la razón, aunque podría plantearse otro recurso en contra de esta última decisión en el Tribunal Supremo.