La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer la creación de la comisión que se encargará de analizar y revisar las ordenanzas municipales actuales referidas a los establecimientos de ocio y que han suscitado numerosos conflictos y polémicas entre los bares y los vecinos. Minutos antes, el secretario de la organización de autónomos UPTA-Aragón, Alvaro Bajén, lanzaba un ultimátum al consistorio para que en el plazo de diez días responda a la propuesta de modificación de la Ordenanza de Distancias Mínimas que presentaron hace casi nueve meses. En caso de no obtener respuesta la organización amenazó con emprender acciones legales.

Sin embargo, el consistorio dio ayer los primeros pasos para tratar de solucionar un problema enquistado que ha vuelto a salir a la luz en los últimos días. Por la mañana, el teniente de alcalde de Urbanismo anunció que se había constituido formalmente la comisión que el presidirá y de la que formarán parte todos los grupos municipales, cuyo cometido es revisar la actual situación y normativa.

En la comisión estarán representadas todas las áreas municipales implicadas en el conflicto. De esta forma, en la parte técnica del grupo de trabajo habrá representantes de la Policía Local, por su implicación como labor de inspección; de Medio Ambiente, por los problemas derivados del ruido; y el área de Servicios Públicos que se encarga de todos los aspectos relacionados con los veladores y ocupación de la vía pública. Además, estarán representados los servicios de Disciplina e Inspección del área de Urbanismo.

ULTIMATUM También ayer, los empresarios dieron un nuevo paso en su ofensiva contra el ayuntamiento. De esta forma, la organización UPTA-Aragón dio al consistorio un plazo de diez días para que éste conteste, de forma positiva o negativa, a la proposición de modificación de la Ordenanza de Distancias Mínimas que expusieron en octubre del 2003.

Así lo hizo público el secretario de UPTA, Alvaro Bajén, quien subrayó que en caso de no obtener respuesta iniciarán "los trámites legales correspondientes".

"La Administración tiene la obligación de responder a las propuestas de los ciudadanos" y el ayuntamiento "ha cogido el vicio de no contestar a las propuestas de los ciudadanos" criticó Bajén, quien señaló que de esta forma "se priva a la sociedad de un derecho recogido en la Constitución".

En concreto, UPTA solicita en su propuesta que se introduzcan cambios en la Ordenanza sobre Distancias Mínimas, con el objetivo de dinamizar el sector de la hostelería. Según el abogado César Ciriano, la ordenanza "dice que no se pueden poner más establecimientos en zonas saturadas ni tampoco ampliar las licencias ya existentes". Con ello, precisó, "se está prohibiendo la posibilidad de crear una serie de establecimientos, como pueden ser heladerías o restaurantes, que no causan el mismo ruido que otros locales", criticó. Así, UPTA pide que se flexibilice la regulación "no de todos los establecimientos, pero sí de los que no causan tantas molestias", concluyó Bajén.