El exconcejal socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Becerril, ha sido condenado por unanimidad esta tarde por el jurado popular en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Aunque ha sido de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales de los que también le acusaba la Fiscalía.
El juicio ha quedado visto para sentencia y, tras el veredicto del jurado, que ha deliberado durante dos días, el Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de un año de prisión, además de una multa de 48.000 euros y 7 años de inhabilitación para cargo público.
En cuanto al empresario Carmelo Aured, el otro procesado en este caso, ha sido considerado culpable de tráfico de influencias, delito por el que la fiscalía ha pedido un año de prisión.
El jurado popular, que se ha reunido durante dos días a deliberar, se ha mostrado "no favorable" a un posible indulto de los dos acusados.
Por su parte, las defensas de los dos acusados han pedido al Tribunal que le imponga la pena mínima fijada para los delitos por los que han sido declarados culpables los dos acusados: 6 meses de prisión, 1.800 euros de multa, e inhabilitación de tres años y seis meses para el caso de Becerril; y 6 meses de cárcel y una multa de 1.000 euros para Aured.
Las defensas de los dos acusados han anticipado su intención de recurrir la sentencia que dicte el tribunal, al entender que ambos son inocentes.
El Fiscal había solicitado en sus conclusiones definitivas 4 años de cárcel para Becerril y 75.000 euros de multa; y para el empresario Carmelo Aured, en prisión por otra causa distinta, un año de prisión por tráfico de influencias y una multa de mil euros.
El jurado ha hecho publico su veredicto tras escuchar durante diez días cerca de un centenar de testimonios.
En este juicio, estaba acusado una tercera persona, el empresario Juan Carlos Esteban, a quien la Fiscalía inicialmente le atribuía un delito de tráfico de influencias, pero para el que finalmente retiró la acusación.
El Ministerio Público acusaba al exconcejal, que fue vicepresidente de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda SLU, de suministrar entre 2008 y 2010 información personalizada sobre unas obras dependientes de su departamento al empresario Carmelo Aured, concretamente de la ejecución de 96 viviendas, 147 garajes, locales y trasteros, antes de que fueran aprobadas por su Consejo de Administración.
Además, mantenía que Becerril dio información personalizada a su amigo sobre varias obras de pavimentación y renovación de servicios así como de las condiciones de la contratación de la ejecución de obras del Fondo Estatal de Inversión Local que se iban a desarrollar en el municipio.
Además, el fiscal acusaba al exconcejal de pagar 16.110 euros en concepto de cuotas de presuntos afiliados al PSOE por la agrupación de Garrapinillos, una pedanía de Zaragoza, personas que desconocían estar afiliadas al partido y que ni la consintieron ni entregaron cantidad alguna para hacer los pagos.
