Un tribunal popular juzgará a partir de hoy en la Audiencia de Zaragoza a Cecilio G.G., acusado del presunto asesinato de un vecino de Épila (Zaragoza) al que le reclamaba el pago de una supuesta deuda de 6.000 euros por unas obras hechas en un patio comunal de la vivienda cueva que había adquirido a la víctima y que consideró de su propiedad.
Los hechos denunciados tuvieron lugar sobre las 18.00 horas del 3 de febrero del año pasado ante la puerta del domicilio de la hermana de la víctima Épila, copropietaria de la vivienda cueva adquirida por el procesado.
Según relata la fiscalía en su escrito de acusación provisional, el acusado, muy agitado, se dirigió a la mujer en un tono intimidatorio y le pidió que llamase a su hermano, porque, subraya la acusación pública, "los iba a matar y ese día lo iba ya a arreglar todo".
Ante la negativa del procesado a abandonar el lugar, la mujer llamó a su hermano, que se personó unos minutos después para tratar de reconducir la situación.
Tras advertir la víctima al encausado que no debía de haber llevado a cabo las obras por las que reclamaba, se giró para entrar en la vivienda de su hermana, momento en el que su atacante sacó un arma corta que no pudo ser localizada y le disparó por la espalda.
Posteriormente, el acusado esgrimió el arma frente a los vecinos que se encontraban en la zona y efectuó un segundo disparo, que no llegó a alcanzar a nadie.
Según el informe pericial forense, el acusado tenía en esos momentos "pleno control de su voluntad y conocía la ilegalidad de sus actos, así como las consecuencias de los mismos".
El fiscal tipifica los hechos como presuntos delitos de asesinato y de amenazas, por los que solicita condenas de 18 años y de 18 meses de prisión, respectivamente, así como una orden de alejamiento de la mujer de la víctima, de sus dos hijos menores y de su hermana por un periodo de 5 años, e indemnizaciones por un importe total de 300.000 euros.
Por su parte, la acusación particular reclama para el encausado 22 años de cárcel por el delito de asesinato, 2 años por tenencia ilícita de armas y 18 meses más por amenazas, así como el pago de 150.000 euros a la esposa de la víctima en concepto de indemnización.
En su escrito, la defensa rechaza los argumentos de las acusaciones particular y pública y reclama del tribunal la libre absolución de su cliente.
