El Justicia de Aragón ha admitido la queja del Comité de Empresa de FAIM, entidad representante de los educadores de centros de menores, que admite la queja en la que se insta a la DGA a la retirada de los pliegos de condiciones para gestionar los centros de protección de menores de Aragón.
En una nota de prensa, fuentes de los educadores apuntan que en estos documentos publicados el 3 de octubre en el BOA existe un recorte encubierto que provocará la reducción de educadores de atención directa, así como la atribución de los gastos básicos del menor, como vestido, medicamentos o material escolar, a la empresa privada adjudicataria.
El Justicia de Aragón se dirigirá al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón para que le informe de la petición realizada por nuestra parte.
