El Justicia de Aragón advierte a la DGA de que ya se están emitiendo sentencias judiciales contra la "falta de actividad" de la Administración en materia de dependencia. Así lo refleja Fernando García Vicente en un escrito dirigido al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, en el que apela a una sentencia de marzo del 2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Murcia que censura un "incumplimiento de plazo que tiene por causa un funcionamiento anormal de la Administración". El Justicia transmite a Oliván que "pese a que esta resolución no afecta a Aragón, no por ello debe perderse de vista, ya que, en su caso, promovida la correspondiente responsabilidad administrativa, podrían nuestros órganos judiciales emitir pronunciamientos análogos".

La advertencia se produce como consecuencia del proceder de la Administración en un nuevo expediente de dependencia. "No se trata de un caso aislado sino que, al contrario, frecuentemente planteado por el entorno de personas reconocidas como dependientes", expone García Vicente.

En este caso, la denuncia procede de una persona que fue reconocida como dependiente en el 2010, si bien "ya sea por el grado o por la inactividad de la Administración, en ningún momento se ha beneficiado de prestación alguna", a pesar de haber sido valorado en tres ocasiones y tener pendientes de aprobación dos PIAs (Programas Individuales de Atención), que incluían una prestación económica para cuidados en el entorno familiar de 243 euros al mes --entre el afectado y su esposa solo perciben 700 euros mensuales--, así como el servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio.

REPROCHE

De hecho, el Justicia reprocha a Sanidad la paralización de este último servicio y al posible convenio de encomienda de gestión a las entidades locales al que se refiere la consejería en su respuesta. "Esta intención sería tomada como algo positivo si no fuera porque esa ha sido la contestación que la DGA ha emitido en todo momento a lo largo del 2014 y que, sin embargo, no se ha visto materializada en efecto alguno en beneficio de las personas dependientes", esgrime García Vicente, que incide en la "obligación moral y legal" de la Administración de resolver "estas situaciones".