El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) no «motivó» correctamente el decreto por el que aprobó los servicios mínimos de la última huelga del autobús, del pasado mes de abril y mayo. Por este motivo, la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza anula, tres meses después, la orden de la concejala de Movilidad, Teresa Artigas.
En la sentencia explica que en el informe de esta concejalía «faltan datos esenciales» para conocer los factores y criterios para justificar los mínimos acordados de un 54,8 % para los tres sábados y un 39,9 % para los tres domingos. El comité de empresa presentó un recurso al considerar que no eran «ni proporcionales ni razonables».
Pedro Santisteve ha pasado de asistir a una asamblea de trabajadores, en la que les mostró todo su apoyo, a vivir la huelga más larga de la historia y enemistarse con este sector. En la última convocatoria de paros, en la que los empleados reclamaban mejores horarios y una organización de trabajo más óptima, el Gobierno de la ciudad decretó unos mínimos que fueron recurridos por el comité de empresa.
MOTIVACIÓN
La magistrada ha estimado el recurso al considera que «no existe la motivación suficiente que determine los servicios mínimos adoptados» por el ayuntamiento. En su sentencia insiste en reiteradas ocasiones que, para respetar el derecho a huelga, el consistorio debe argumentar correctamente los motivos por los que decide los mínimos correspondientes para que «los destinatarios conozcan las razones» por las que su derecho a huelga y su «sacrificio» pueden verse alterado. Añade que en la motivación deben incluirse «los factores o criterios cuya ponderación» por los que han decidido las prestaciones mínimas establecidas sin que sean suficientes «indicaciones genéricas, aplicables a cualquier conflicto».
Según la magistrada, «la falta de motivación impide la justa valoración y control material o de fondo de la medida», algo que, a su juicio, no se incluye en el informe que el área de Movilidad emitió para aprobar los servicios mínimos de la última huelga.
Concluye que «falta datos esenciales que permitan conocer los factores o criterios cuya ponderación haya conducido a fijar o establecer el porcentaje de mínimos». Afirma que en la última convocatoria de paros se fijó uno «genérico para todas las líneas» de bus, sin diferenciar el número de usuarios de cada una de las rutas, muy variables.
Cuestiona que no se diferencia al personal de Taller, cuando sus «circunstancia» son diferentes y le «resulta llamativo» que se tenga en cuenta los centros de trabajo y de enseñanza como «amenazados» cuando los paros fueron en fin de semana. Hechos por los que estima el recurso.
