El Justicia de Aragón ha sugerido al Ayuntamiento de La Muela que respete los procedimientos reglados para el cese del personal interino que desempeña puestos reservados a funcionarios con habilitación estatal. La resolución hace referencia a que el equipo de Gobierno pudo "vulnerar" los derechos de la anterior interventora de la corporación, Rebeca Sánchez, al pretender apartarla de una forma que la ponía en situación de indefensión.
La pretensión de cese, realizada mediante un decreto de alcaldía, fue rechazada por la oposición en su conjunto (que tiene mayoría en el consistorio) y recurrida ante el Justicia por el grupo municipal de Chunta Aragonesista.
El primer paso para el cese se remonta al 8 de febrero del 2013 y se basó en que el equipo de la popular Marisol Aured no consideraba a la interventora "suficientemente capacitada" para el puesto que desempeñaba.
Sin embargo, un grupo de la oposición estuvo a punto de presentar una moción y mostró su disconformidad con esta valoración. La propia funcionaria afectada remitió a a alcaldía una serie de comunicaciones en la que dejaba constancia de dificultades técnicas y materiales para llevar a cabo su cometido.
Pero el Justicia explica que "no cabe amparar una petición de cese al órgano competente (la DGA) en una presunta capacitación insuficiente", una situación que se debe solventar por otras vías disciplinarias.
