El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel ha denegado la reapertura de nuevas diligencias sobre el accidente del helicóptero ocurrido en el 2011 en el que murieron seis integrantes de una brigada contraincendios y ha reafirmado que no hubo infracción penal.
El juez ratifica en un auto su decisión de noviembre del 2013, cuando acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias previas por el mismo motivo.
La decisión fue recurrida después por una de las afectadas y por otros implicados en el siniestro, tras conocerse el informe hecho por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.
FALLO TÉCNICO
Alegaban para pedir la reapertura que el fallo técnico que dio lugar al accidente fue "consecuencia directa de la inobservancia de un boletín de servicio de obligado cumplimiento", que había emitido la empresa fabricante del helicóptero siniestro, "a partir de otro de la fabricante del mecanismo que falló".
Por ese motivo, en previsión del tal contingencia, "ordenaba la inspección de las piezas integrantes del mismo", según recuerda el auto del juez.
No obstante, el responsable del juzgado considera que "los datos y tiempos expresados en el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil no permiten alcanzar la conclusión que hace suya la parte peticionaria de la reapertura de la causa", tal y como se recoge en el mismo documento.
Por los datos técnicos recogidos, el magistrado considera en el auto, contra el que cabe la presentación de un recurso de reforma, que "no existía advertencia de peligro alguno respecto al servoactuador (pieza) que falló que hubiera obligado a su revisión".
El accidente ocurrió en marzo del 2011, cuando seis miembros de una brigada de extinción de incendios del Gobierno de Aragón fallecieron al estrellarse el helicóptero en el que acudían a apagar un incendio en las cercanías de Teruel. Otro de los ocupantes del helicóptero resultó herido de gravedad.
El suceso se produjo al sur de la capital, cuando la aeronave se dirigía a un foco de incendio y volaba a poca altura. Había salido de su base en el Bajo Aragón, en concreto en la localidad de Alcorisa.
Inmediatamente se inició una laboriosa investigación que reveló el fallo de una de las piezas fundamentales del aparato. Sin embargo, esta deriva de las pesquisas no ha llevado la causa a la Justicia penal, tal y como pretenden algunos de los familiares de las víctimas del accidente. No obstante, la resolución del juez es recurrible.
El accidente fue un mazazo para el Bajo Aragón, de donde eran casi todos los fallecidos. Se trata del suceso más grave de que han sido víctimas los trabajadores de los equipos antiincendios de la comunidad aragonesa, ocurrido además durante el desempeño de su cometido.
