El Justicia de Aragón ha instado al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón a revisar el expediente de Amankay Giménez, una niña de tres años a la que no se permite subir al autobús escolar pese a que sus primos, vecinos de la misma calle, lo cogen todos los días para ir al mismo colegio que ella en Movera (Zaragoza). Su caso, denunciado por EL PERIODICO, no es el único. Otra niña de este barrio rural se encuentra en la misma situación.
En un duro informe remitido por el equipo técnico de Fernando García Vicente, se sostiene que la decisión de la DGA resulta "difícil de justificar" y cuestiona la alternativa dada a la familia de Amankay para que la trasladen a otro centro escolar más cercano a su domicilio.
Pese a las continuas reclamaciones de la familia, la Consejería de Educación ha ido respondiendo negativamente a todas. Se escuda en que, cuando la matricularon, tendrían que haberlo hecho en otros centros más próximos a su domicilio: el Guillermo Fatás, el Juan Pablo Bonet o el Gloria Arenillas. "De los cuales sólo uno está ubicado en el barrio de Movera en el que residen las menores", apuntan los técnicos del Justicia.
García Vicente insta a reconsiderar los expedientes y esgrime dos motivos fundamentales. En primer lugar, recuerda a la Consejería de Educación que las dos niñas afectadas se encuentran en situación de desventaja por vivir en un núcleo despoblado y que forma parte de su competencia "promover las medidas necesarias para que estas cuestiones geográficas no den lugar a desigualdades en el ejercicio del derecho a la educación".
Alega además que resulta difícil de justificar la denegación del servicio de transporte habida cuenta de que existe una ruta escolar con destino al colegio de las niñas (Maestro don Pedro Orós) que realiza una parada en los domicilios de las afectadas y que transporta a un número de usuarios inferior a la capacidad del vehículo.
Los técnicos han constatado también que en el colegio de Movera se encuentra matriculado un familiar que sí es beneficiario de los servicios complementarios gratuitos y sostienen que en el caso de que Amankay fuera trasladada, tal y como defiende el Gobierno de Aragón, se produciría un desarraigo para la niña.
"A fin de lograr una mejor conciliación de la vida familiar y laboral, estimamos que la existencia de familiares en el centro debe ser tenida en cuenta por el Servicio Provincial de Zaragoza para decidir sobre la conveniencia de hacer una excepción a esas normas generales establecidas", añade el informe.
El Ejecutivo autonómico dispone de un mes para responder a la recomendación del Justicia de Aragón. Este diario intentó ayer ponerse en contacto con responsables de Educación, pero no obtuvo respuesta.
