El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, reclamó ayer en las Cortes la aprobación de un plan integral que fije los objetivos y recursos necesarios para desarrollar políticas de empleo, vivienda y educación dirigidas a los inmigrantes.

García Vicente presentó el informe La integración de los inmigrantes. Vivienda, trabajo y educación , ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, donde señaló que Aragón es la comunidad española en la que proporcionalmente más se ha incrementado el número de inmigrantes, con 39.000 en diciembre de 2003 frente a 26.000 en el mismo año de 2002, mientras que en Zaragoza el incremento porcentual anual es del 58,8%. Un plan integral, a juicio del Justicia, es urgente para permitir la coordinación y planificación de las actuaciones de los distintos departamentos del Gobierno aragonés y la evaluación de los compromisos adquiridos, sobre todo, en vivienda, empleo y educación. Para dar solución a los problemas de acceso a una vivienda digna que tienen los inmigrantes, García Vicente propone favorecer la construcción de viviendas sociales de alquiler; diseñar un programa de viviendas tuteladas con alquileres subsidiados; favorecer la recuperación de viviendas en malas condiciones con ayudas para el acondicionamiento, y gestionar pisos de acogida temporal para situaciones de emergencia o relacionadas con el trabajo temporal.

Respecto al empleo, en el informe se insiste en la necesidad de que la Administración autonómica disponga de un correcto conocimiento de la mano de obra que se requiere en Aragón para que la concesión de permisos se ajuste, en lo posible, a las demandas reales del sector.

El Justicia, en lo que atañe a educación, explicó que en noviembre de 2003 había 7.000 alumnos inmigrantes matriculados en Aragón, procedentes de 45 países distintos, escolares que tienen necesidades educativas especiales y que, además, no están distribuidos proporcionalmente entre los centros públicos y los privados. El informe insiste en la necesidad de distribuir al alumnado inmigrante de forma equilibrada en los centros sostenidos con fondos públicos y dotarlos de los recursos suficientes, sobre todo, profesores de apoyo, así como ayudas específicas para los centros que junto con la función educativa cumplen tareas de carácter asistencial.