La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha suspendido parcialmente el plan de pesca que aprobó en enero el Gobierno de Aragón, tal y como había solicitado la Federación Aragonesa de Pesca. Concretamente, suspende los artículos relativos a la modalidad de pesca y suelta de la trucha arcoíris, la carpa común y el black bass. En un principio, estas especies debían ser sacrificadas nada más ser pescadas, pero tras el recurso, el TSJA los incluye dentro del catálogo de peces que pueden ser pescados para ser devueltos al agua posteriormente.

De este modo, salen fuera del catálogo de especies invasoras a las que se puede dar muerte para disminuir su población y evitar su propagación. En este apartado, del que salen ahora estas tres especies piscícolas, figuran entre otras el salvelino, el siluro, el pez gato, el pez sol, el alburno, el lucio perca, el lucio, la carpa común o el cangrejo de río americano. A partir de ahora, las tres especies salvadas pasan a formar parte del grupo de la trucha común, mientras que al resto habrá que darle muerte.

El plan elaborado por el Gobierno de Aragón especifica el método para hacerlo «en el caso de los peces, mediante la sección completa de la unión del tronco encefálico con la médula espinal con la ayuda de un instrumento cortante afilado o, si su tamaño lo permite, por elongación cervical y, si se trata de cangrejos, mediante tracción y torsión simultánea de la aleta central de la cola con el fin de extraer su intestino», según indica en su artículo 2.5 el plan. Esta es precisamente una de las principales novedades del documento elaborado por el Ejecutivo autonómico, tal y como incluso el propio Gobierno señala en el preámbulo del plan.

Lo cierto es que el sacrificio de determinadas especies, como las que ahora indulta la Justicia, generó gran preocupación en zonas de Aragón donde la pesca es una afición habitual además de un atractivo turístico. Es el caso de todo el Bajo Aragón, incluyendo las zonas de Mequinenza y Caspe, donde el sector veía con preocupación la obligatoriedad de dar muerte a especies que son muy abundantes pero cuya presencia genera notables beneficios económicos en la zona.

Otro de los problemas --aunque por el momento no ha sido incluido entre las especies que deben ser devueltas con vida-- es el siluro, dada la dificultad de matar ejemplares que pueden sobrepasar fácilmente los cincuenta kilos. Si bien el plan detalla que hay que darle muerte con el método anteriormente señalado, una ley estatal que está a punto de concluir su tramitación podría permitir su pesca y su vuelta a las aguas, si se incluye un artículo en el que se perdona la vida a las especies invasoras llegadas antes del 2007.