El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, propuso ayer un cambio en la ley de Extranjería para que se amolde a la realidad de los menores extranjeros no acompañados, o menas, puesto que considera que la norma puede dificultar su desarrollo y al acceso al mercado laboral una vez que estos llegan a la mayoría de edad. Esta es una de las principales conclusiones del informe anual que el Justiciazgo realiza acerca de los menores en la comunidad, un documento que corresponde a lo acontecido durante el 2018 y que Dolado entregó ayer a la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, acompañado del asesor en la materia Andrés Esteban.
Las consideraciones del Justicia acerca de la actual ley de Extranjería parten de la exigencia de que los menores, una vez cumplen los 18 años y para obtener un permiso de trabajo, necesitan un contrato de al menos un año de duración y a jornada completa, requisitos que dificultan su acceso al mercado laboral. De hecho, algunos de estos jóvenes se han visto abocados a rechazar propuestas laborales de duración menor y de las que, precisamente, habían recibido formación.
MÁS MEDIDAS
Sobre este asunto, Esteban se mostró contundente al preguntarse: «¿Cuántos contratos de estas características se hacen a menores de 25 años en nuestro país?». Pero el cambio en la legislación no es la única medida relativa a los menas que recoge el informe, sino que también incluye otras como mantener el compromiso de acogimiento y atención integral y continuar la coordinación entre administraciones y con las entidades colaboradoras, así como sistematizar y ampliar la recogida de datos sobre las intervenciones con estos y sus resultados.
Dolado también evaluó lo acontecido con estos menores tutelados en el territorio. Así, afirmó que la situación actual «se veía venir» y que, si hace dos años se contabilizaban 45 menas en Aragón, en estos momentos superan los 300. «Es una realidad urgente que hay que abordar», apostilló.
El de los menas no es el único tema de actualidad al que se refirió el Justicia, sino que también ofreció su punto de vista acerca del caso de la niña de 4 años que recibió una paliza y que actualmente se encuentra ingresada en la UCI. Sobre este asunto consideró que se podría haber hecho «algo más». «Todo es evitable. Los vecinos han reconocido que se oía el aullido de la niña, creo que se podría haber hecho algo más», dijo. Al respecto, añadió que él prefiere «pecar por acción que por omisión».
Los asuntos más recurrentes que abordó la institución el año pasado fueron las relaciones familiares concernientes a los procesos de separación, el incumplimiento del régimen de visitas, la violencia de género o la falta de recursos para menores con discapacidad son algunas de ellas. En esta entrega anual del documento, llama la atención las quejas interpuestas por abuelos a causa de no poder ver a sus nietos.
En lo relativo a los expedientes incoados en el 2018, el informe enumera 59 casos, 19 abiertos de oficio, de los de los que 51 han quedado resueltos. Además, se han realizado 7 sugerencias, de las que han sido aceptadas 6 y una está pendiente de respuesta. Estos datos representan un ligero aumento en el total respecto a lo registrado en el 2017, cuando fueron 55 los casos atendidos y 3 las sugerencias presentadas.
En cuanto al número de menores acogidos por el sistema de protección de la comunidad, el informe recoge 1.288 casos. También reivindica el documento seguir potenciando los acogimientos familiares y recuerda que, de 1.200 expedientes, 405 se encuentran en centros residenciales. Para ello, propone impulsar un plan de acogimientos familiares y potenciar esta medida también entre los menas. Por último, insta a crear la figura del Defensor del Menor en Aragón, dentro de la propia del Justicia.
