El Justicia de Aragón ha formulado una sugerencia a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza para instarle a revisar la licencia concedida a una constructora que está levantando un bloque de viviendas a 1,2 metros de distancia de otro edificio en Valdefierro.

Se le da así la razón a los vecinos del número 27 de la calle Lucero del Alba, quienes desde el año pasado (cuando se presentó el proyecto de edificación del solar situado en el 25) han venido denunciando el incumplimiento de las distancias mínimas que exige la ley acerca de derechos de luces, vistas y posibilidad de evacuación.

A la vista de las alegaciones formuladas por los afectados y las denuncias realizadas en varios medios de comunicación hace unas semanas, la Gerencia de Urbanismo negó tener responsabilidad alguna en el asunto. Postura que sigue manteniendo por entender que "urbanísticamente el proyecto se ajusta a lo establecido" y que la solución han de hallarla "por la vía civil", litigando con la propia constructora y no con el ayuntamiento.

Pese a esta postura, tras recibir la sugerencia del Justicia, desde Urbanismo se han mostrado partidarios de colaborar con esta institución y próximamente se solicitará una reunión técnica para aclarar si efectivamente debe revisarse la licencia. "La intención es que antes de responder a la sugerencia, los técnicos de ambas instituciones analicen detenidamente el caso", explicaron fuentes de la Gerencia de Urbanismo.

RECURSO CONTENCIOSO De momento, con el documento del Justicia en la mano, los vecinos afectados por la construcción de un nuevo bloque de pisos a poco más de un metro de distancia de su casa van a presentar un recurso contencioso-administrativo contra Urbanismo para tratar de paralizar las obras. Temen que una vez levantado el edificio no pueda darse marcha atrás y derribarlo.

En el informe del Justicia, los técnicos cuestionan la validez de la licencia municipal por dos motivos. Por un lado, porque tal y como se está construyendo el nuevo edificio no se garantiza el derecho de habitabilidad de los residentes en el bloque número 27, al no respetarse las distancias mínimas que exige el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Por otro lado, el bloque en construcción tampoco se ajustaría a la legalidad ya que dos lados de la fachada (los que lindan con el edificio de los denunciantes y con una acequia) tampoco cumplen la distancia mínima exigida por la ley.

Una vez demostrado que el permiso urbanístico no cumple con algunos de los puntos exigidos por el PGOU, los afectados han decidido llevar el caso a los tribunales y "de forma inmediata" presentarán un recurso contencioso-administrativo. El consistorio dispone ahora de un mes para contestar la sugerencia de la institución que preside Fernando García Vicente.