El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha convocado a una mesa de mediación a hosteleros, vecinos e instituciones implicadas para abordar el problema del ocio nocturno y la convivencia en Zaragoza. Con esta iniciativa, desde el justiciazgo buscan realizar un análisis de la situación al respecto en la ciudad y, al mismo tiempo, ofrecer una reflexión y aportar propuestas con el objetivo de posibilitar que el ocio sea compatible con el derecho al descanso. La medida llega después de la polémica generada por la nueva normativa del ruido impulsada por el gobierno municipal de ZeC, muy criticada por los hosteleros y que impide superar los 25 decibelios.
La primera de las reuniones se celebrará en la sede de la institución el 7 de marzo a las 10 de la mañana y será su propio personal el que asumiría el papel de impulsor y mediador. Lo hará mediante la exposición de las partes, el diagnóstico de las causas del conflicto y el establecimiento de puntos de encuentro entre las partes y el planteamiento de soluciones.
Según informó el justiciazgo, los problemas derivados del ocio nocturno en Zaragoza son uno de los motivos de queja por el que los ciudadanos acuden a la institución, sobre todo «por la continua contaminación acústica que padecen», así como por los problemas de suciedad y vandalismo que esto ocasiona». Al respecto, añadieron que este tipo de quejas «se vienen repitiendo año tras año sin que las diferentes intervenciones, a pesar del esfuerzo de las administraciones, hayan obtenido resultados satisfactorios para las partes afectadas».
Ante tal circunstancia, afirmaron ser conscientes de la dificultad de la situación, donde se deben conciliar derechos tan dispares y a veces incompatibles como son el descanso vecinal, la actividad empresarial, la libertad deambulatoria y el ocio nocturno».
Por ello, y tras revisar la multitud de expedientes que ha recibido el Justicia a lo largo del tiempo por este motivo, desde la institución ya plantearon hace unos meses a los diversos colectivos vecinales «el poder iniciar una nueva vía» para avanzar en el tema, «a la vista de que las soluciones planteadas no han conseguido solventar la problemática existente», añadieron. De esta manera, la propuesta a vecinos, hosteleros, ayuntamiento, Ejecutivo autonómico y Subdelegación del Gobierno «respondieron muy positivamente ante la propuesta».
Sobre la iniciativa del Justicia, informaron de que su pretensión es poder «crear un foro en el que las partes implicadas: vecinos, hosteleros y Administraciones, puedan confrontar sus posturas, buscar caminos de consenso y, en la medida de lo posible y siempre dentro de los cauces legales pertinentes, buscar soluciones a la problemática existente».
La aplicación de la norma implicaría consecuencias si se superan los 25 decibelios de ruido como una multa de entre 601 y 12.000 euros, la suspensión de la licencia por un año y un día, la clausura del local de un año a dos años y el precinto temporal del equipo de música.
Los hosteleros advirtieron la semana pasada que la nueva ordenanza amenaza gravemente, no solo al sector, sino también a los vecinos, industrias, propietarios de locales y usuarios de la ciudad.
