El Juzgado Militar de Zaragoza ha archivado una causa en la que, al investigar la explosión de una granada sin identificación que en el 2011 causó la muerte de un sargento y graves heridas a un cabo en el campo de maniobras de San Gregorio, aparecieron indicios de irregularidades cometidas por las empresas de armamento Expal Systems e Instalaza, de la que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue consejero hasta su designación a finales de ese año.
La magistrada que ha dirigido las pesquisas ha decidido archivar la causa argumentando que "no hay elemento probatorio alguno que demuestre que la acción objeto de la investigación provenga de ningún militar" y que carece de potestad para valorar la posibilidad de imputar a los responsables de las empresas de armamento. La acusación ha recurrido la decisión ante el Tribunal Territorial de Barcelona, al que ha pedido, como ya hizo al finalizar la instrucción, que impute a los industriales y al jefe del Cenad (Centro Nacional de Adiestramiento) de San Gregorio.
SIN MARCAR
La explosión se produjo el el 8 de junio del 2011, cuando los dos suboficiales, ambos expertos en desactivación de explosivos y que habían participado en varias campañas en el extranjero, hallaron en una zona no catalogada como área de caída de proyectiles dos granadas. La primera carecía de carga, mientras que la segunda "no estaba marcada como munición explosiva", señala el auto de sobreseimiento de la causa.
Resultó ser una granada rompedora que explotó, "causándole la muerte instantánea al sargento y lesiones de consideración al cabo", antes de que pusieran en marcha el vehículo con el que estaban efectuando la inspección.
La investigación ha puesto de manifiesto graves irregularidades en el uso del campo de maniobras por parte de empresas privadas, tal y como relataron varios de los militares que comparecieron como testigos durante la instrucción.
De hecho, varios zapadores explicaron que durante las campañas de limpieza del campo "se ha encontrado munición sin marcar, desconocida por los artificieros", e incluso "morteros de carga inerte con un soporte metálico alrededor al parecer de tipo experimental".
En la granada que explotó, según indica el auto de archivo, "no existía ningún tipo de identificación", ni marcas de color --obligatoria por ley-- "ni información sobre la munición. Únicamente unos datos con número escritos con rotulador, de uso particular de Expal".
"De un tiempo a esta parte --añade la jueza-- se han encontrado granadas de las mismas características (...) en zona no permitida para caída de proyectiles".
El artefacto se encontraba en la llamada línea de tiro papa, la cual, en esas fechas, "era empleada por las empresas civiles", cada una de las cuales tiene asignado un polígono "en las proximidades, para ejercicios con armas experimentales".
El artefacto cayó junto a uno de ellos, a más de dos kilómetros de las zonas de uso militar. Su distancia máxima de tiro es de 1.600 metros.
ENSAYOS
Expal, fabricante del lote del que formaba parte la granada, admitió haber lanzado artefactos de ese tipo en San Gregorio, aunque sostiene que fueron "pruebas para la aceptación de lotes" por los responsables del campo, "funcionando todas ellas correctamente y explosionando en la zona de caída de proyectiles".
"En los últimos años la empresa Instalaza ha disparado únicamente munición de lanzagranadas, mientras que Expal (...) dispara este tipo de munición de mortero", señala la resolución en la que la jueza rechaza imputar a sus responsables.
Los autores del lanzamiento incumplieron también la obligación de señalizar el punto en el que había caído.
