La Justicia aragonesa está inmersa en un plan de modernización que tiene como objetivo acabar con el "ingente volumen de papel" que desborda el trabajo de los magistrados, procuradores, funcionarios y profesionales, que se acomete con las máximas garantías de seguridad, privacidad y confidencialidad.
La directora general de Administración de Justicia, Tomasa Hernández, ha comparecido hoy ante la Comisión Institucional y de Justicia de las Cortes para explicar las actuaciones que la dirección general ha emprendido en materia de modernización tecnológica y las que tiene previsto emprender en los próximos meses.
La intención es lograr la implantación total del expediente judicial electrónico, y para ello se mantendrán y establecerán nuevas alianzas tecnológicas, con el Ministerio de Justicia y con la entidad pública Red.es, que han permitido, con una inversión de 439.000 euros, dotar a 52 salas de vistas de juzgados de Zaragoza y Huesca de los equipos y programas informáticos necesarios para grabar todos los juicios.
Antes de que acabe el año, se equiparán también dos salas en Teruel, dos en Alcañiz y una en Calamocha, mientras que el próximo año se hará lo propio en tres salas de la Audiencia Provincial de Zaragoza, tres en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y doce salas del resto del ámbito rural.
Supondrá, según Hernández, implantar un sistema integrado que permita a los secretarios judiciales y a los magistrados seguir los juicios desde sus despachos, con un concepto de grabación certificada.
A mediados de 2015 el sistema estará definitivamente implantado en todo Aragón, pero hasta noviembre de 2014 ya se han realizado 27.808 grabaciones gracias a él, ha especificado.
Además, en Huesca se ha implantado un sistema piloto que incorpora la inserción de pruebas (de vídeo, audio y documentales) en la propia grabación audiovisual.
Hernández se ha referido, por otro lado, a la mejora de las comunicaciones telemáticas, gracias al programa Lexnet, en cuya implantación fue pionera la comunidad aragonesa y que es una plataforma de intercambio seguro de información entre los organismos judiciales y los profesionales.
Está basado en la confidencialidad, la seguridad y la integridad y, de momento, funciona sólo en una dirección, desde los órganos judiciales hacia los abogados y procuradores.
Su implantación "costó mucho", ha reconocido la directora general, puesto que se comenzó a poner en marcha en mayo de 2012 y no concluyó hasta noviembre.
Aunque ya funciona en Teruel, en enero comenzará a implantarse en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza la segunda fase del Lexnet, la que permitirá la bidireccionalidad de las comunicaciones, es decir, que los profesionales puedan introducir en el sistema escritos y demandas judiciales, para lo que será necesario hacer un esfuerzo en formación, adecuar más de 2.000 ordenadores.
El sistema será "24 por 7", es decir, que permitirá la presentación de escritos desde cualquier lugar y a cualquier hora, lo que posiblemente requerirá la modificación de las leyes procesales en cuanto a plazos hábiles de presentación y registro de documentos.
Hernández también ha explicado el procedimiento de migración a la última versión del programa Minerva de gestión procesal, que ha requerido una inversión de más de 100.000 euros para la compra de 16 nuevos servidores para configurar un sistema "robusto y eficaz".
Además, con el objetivo de que "no haya una sola sala de vistas sin sistema de vídeo conferencia", se han equipado 49 más.
De esta forma, el número de testificaciones por este sistema ha pasado de 4.188 a más de 6.000 en 2013, con el consiguiente ahorro en gastos de indemnización a testigos, que en 2013 fueron 16.618 euros frente a los 26.346 de 2011.
Finalmente, la directora general ha explicado que se quiere hacer un esfuerzo para mejorar el equipamiento del Instituto de Medicina Legal, donde se tiene previsto crear una unidad de neurociencia forense que aún no tiene valoración económica y para el que se buscarán "alianzas y dinero".
