El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que pagar más de 50 millones de euros a la contrata que se encarga de la limpieza de la ciudad, FCC. Este montante, que se convierte en un mazazo más para las arcas municipales, resultaría de las revisiones de precios que no se han tenido en cuenta la variación en el coste de la mano de obra desde el 2009.
El Gobierno de ZeC no tiene mucho margen de maniobra porque la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una providencia (del 7 de marzo) por la que inadmite el recurso que el ayuntamiento presentó tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Este órgano judicial dio la razón a la empresa en tres sentencias por las que reclamaba 16,9 millones en concepto de revisiones de precios entre el 2009 y el 2013. Entonces, FCC explicó que, siguiendo el criterio del fallo, reclamaría al ayuntamiento los ejercicios entre el 2014 y el 2018, lo que supondría otros «26 millones». Ayer indicó que hará lo mismo con el 2019, por lo que la cifra superará los 50 millones, aunque no pudo precisarla. Desde el Gobierno municipal desconocían la providencia.
El Supremo justifica la inadmisión a trámite por el «incumplimiento de las exigencias» que la ley impone para elaborar el escrito de preparación. Añade que se ha producido una «falta de fundamentación» y condena al ayuntamiento a unas costas procesales de 2.000 euros.
POLÉMICA
El origen del conflicto se remonta al 2008, con el Gobierno del socialista Belloch al frente y que se encargó de redactar los pliegos y firmar el contrato con FCC, que fue adjudicado en marzo del 2008 sin una revisión previa de los precios.
La contrata reclamaba en sus revisiones de precios que se tuvieran en cuenta, por un lado, las variaciones de la mano de obra y, por el otro, de las toneladas recogidas. El TSJA falló que FCC no tenía razón en su petición para actualizar el coste de la recogida al considerar que la diferencia no genera ningún perjuicio económico grave a la contrata.
Las tres sentencias del TSJA del pasado 25 de junio y que el consistorio recurrió afectaban a los años comprendidos entre el 2009 y el 2013. En estas revisiones, FCC reclamaba 16,9 millones en concepto de revisión de precios: 811.000 del 2009; 6,1 del periodo 2010-2011; y 10 millones del 2012-2013. Estos diez últimos ya fueron abonados por el Gobierno el año pasado. En junio la contrata calculó que, atendiendo al criterio del TSJA y aplicando la revisión de precios del año 2013 a las auditorías del 2014, 2015, 2016, 2017 y el 2018, podrían reclamar alrededor de 30 millones más al consistorio.
La batalla entre ayuntamiento y empresa está relacionada con la interpretación que cada parte hace de la Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en el 30 de abril del 2008 y que modificó el modo de calcular las revisiones de precios y la posibilidad de computar la mano de obra en las mismas.
Para ZeC, debe aplicarse con carácter retroactivo y, por lo tanto, no se computaría la mano de obra. Según FCC, la ley tiene excepciones y este caso las cumple. Entre otras cosas, no tiene carácter retroactivo, y el contrato se firmó antes de que entrara en vigor. Pero además, según las sentencias del TSJA, «la mano de obra debe revisarse conforme a lo dispuesto en los pliegos que rigen en el contrato». «Los pliegos son la ley del contrato, con fuerza vinculante para las partes», añade en su argumentación.
