El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, solicita al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón que valore la «posibilidad» de introducir en la normativa vigente relativa a situaciones de dependencia una cláusula por la cual, cuando haya un cambio de cuidador, «esto no suponga la interrupción de la prestación» para el dependiente.
La sugerencia del Justicia se hace tras una queja recibida en la que se aludía al caso de un señor dependiente, con grado III reconocido. A este perceptor se le había asignado ya un PIA (Programa Individual de Atención), consistente en una prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con una cuantía mensual de 336,87 euros. En este caso, se ocupaba de su cuidado una mujer que, en octubre del 2016, comunicó al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que iba a dejar de ejercer su labor y, por tanto, iba a haber un cambio del cuidador, que iba a ser ejercido por su hijo.
Este aportó la documentación necesaria. Sin embargo, a finales del año pasado el IASS dejó de abonar la prestación sin previo aviso a la persona dependiente. En este sentido, el Justicia reclama a la DGA que examine si el nuevo cuidador cumple con los requisitos y, en caso afirmativo, reanude el pago «en concepto de prestación como gran dependiente, percibiendo las cantidades devengadas y no percibidas desde que se comunicó el cambio hasta ahora».
