El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que estudie la conveniencia de modificar la normativa reguladora del proceso de admisión de alumnos en guarderías que dependen del Ejecutivo para valorar "equitativamente", en el apartado relativo a situación laboral de los padres, a quienes tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez.

Asimismo, el Justiciazgo pide, en una sugerencia recogida por Europa Press, incluir en este caso a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio.

La institución de Fernando García Vicente responde así a una queja relativa a la solicitud de plaza para una menor en una guardería de la capital aragonesa, en la que se indicaba que "en el proceso de admisión contaba con 1 punto por la minusvalía del padre, de un 43%". En este escrito, se explicaba también que "la madre es quien trabaja fuera de casa, ya que el padre, debido a la patología que padece, no puede trabajar y tiene reconocida una incapacidad absoluta". Por su estado de salud, el hombre tampoco puede hacerse cargo de la menor "necesitando siempre de la supervisión de una tercera persona".

Por ello, en la queja se planteaba "que por parte del Departamento de Educación del Ejecutivo aragonés se estime la petición de plaza para la menor en la guardería solicitada atendiendo a las condiciones de la familia".

Tras aceptar la queja a trámite, el Justicia se dirigió al Departamento de Educación para recabar información al respecto y este argumentó que a esta menor no se le había adjudicado plaza en la guardería solicitada porque "había solicitantes con mayor puntuación para ocupar las plazas de dicho centro". En su sugerencia, el Justiciazgo alude a la normativa en materia de igualdad de oportunidades y pide introducir en la normativa otros criterios de baremación.