El Justicia de Aragón ha sugerido a los departamentos de Educación y Sanidad que supervisen los menús de las empresas que prestan el servicio de comedor escolar y que efectúen los perceptivos controles oficiales para garantizar su calidad.
Esta sugerencia del Justicia sobre "supervisión de menús escolares", que responde a una queja presentada por la asociación de madres y padres del colegio Lucien Briet de Zaragoza, ha sido enviada el pasado día 13 de enero al departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, que deberá contestar en el plazo de un mes.
Para los padres del colegio Lucien Briet, que han recibido una copia de la resolución el pasado lunes día 20, el informe del Justicia "extenso y demoledor" les da la razón en todo.
Asimismo, recuerdan en un comunicado que muchos centros zaragozanos y Fapar llevan más de tres años "luchando" para que Educación y Sanidad "asuman que tienen que controlar los menús escolares desde un punto de vista nutricional".
Según la resolución del Justicia, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición dispone que las comidas servidas en escuelas infantiles y centros escolares "serán supervisadas por profesionales con formación acreditadas en nutrición humana y dietética".
Tras reconocer que las empresas de comida preparada tienen como responsable un experto en nutrición que revisa la composición del menú escolar, que deberá aprobar el consejo escolar del centro educativo, el Justiciazgo señala que la "estrecha vinculación" entre la empresa y el nutricionista contratado puede derivar hacia una "falta de imparcialidad y objetividad" en la supervisión de los menús.
Un hecho que en su opinión puede significar una "disminución de las garantías que han de presidir cualquier proceso de estas características".
Por ello, y "con el objeto de asegurar la objetividad en la supervisión de los menús escolares, al margen de la imprescindible actuación de los nutricionistas de la empresa", El Justicia considera que es "necesaria" una intervención de control e inspección por parte de especialistas independientes de la Administración sanitaria.
En este sentido, sugiere al departamento de Sanidad que actúe de manera coordinada con el de Educación en la supervisión de los menús de las empresas que prestan el servicio de comedor escolar.
El Justicia otorga un plazo no superior a un mes a Sanidad para que le comunique si acepta o no la sugerencia formulada y, en el caso de que la rechace, explique la razones para ello.
