El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Gobierno de Aragón un cambio en la ley de coordinación de policías locales con el fin de evitar la discriminación salarial bajo el argumento de «a igualdad de funciones, igualdad de retribuciones». El Ejecutivo autonómico ha aceptado la propuesta.

Según el Justicia, este axioma resume el principio de igualdad que obliga a las administraciones públicas a asegurar a los ciudadanos un trato igual para supuestos iguales. En este caso, se traduce en que los policías locales encuadrados en categorías de Oficial y Policía, tras la aprobación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, vean actualizada su retribución «congelada» como consecuencia de las cláusulas limitativas del gasto público incluidas en dicha norma, impuestas por las leyes presupuestarias del Estado de los años 2014 y 2015.

Para ello, ha sugerido a la administración que modifique la Ley aragonesa, eliminando las restricciones al incremento del gasto público que impidieron que los policías integrados en el grupo C, subgrupo C1, vieran ajustado su sueldo de acuerdo a la categoría profesional.