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INFORME SOBRE LOS MAYORES QUE VIVEN SOLOS

El Justicia pide más coordinación para evitar las muertes en soledad

Trabajadores sociales, médicos y vecinos tienen un papel fundamental. Un mapeo de personas en riesgo, otra opción, se topa con problemas legales

 

El Justicia de Aragón, a la izquierda, habla con diputados de la Comisión Institucional, antes de la presentación. - ÁNGEL DE CASTRO

F. V.
22/10/2019

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, llamó ayer en la Cortes a incrementar la coordinación entre los servicios médicos, sanitarios y el entorno social como forma de prevenir la muerte en soledad de personas mayores que viven solas contra su voluntad, un fenómeno en alza que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los colectivos de personas de edad avanzada.

Esa sería una de las 50 medidas contenidas en el Informe especial de la Mesa del Justicia sobre mayores en soledad no elegida, que el Defensor del Pueblo aragonés presentó ante la Comisión Institucional de Desarrollo Estatutario. Dolado habló de la necesidad de «anticiparse» al problema con medidas preventivas y una coordinación entre los distintos servicios de la Administración, que ya se pone en práctica con éxito en algunos distritos de la capital aragonesa y que incluye desde el médico de cabecera al trabajador social, pasando por el farmacéutico, una cadena en la que también figura la comunidad de vecinos.

En este sentido, el Justicia hizo referencia a las denominadas «autopsias sociales», que permiten obtener datos sobre la situación real del fallecido en soledad mediante entrevistas a su círculo inmediato. Todo ello con el fin de determinar parámetros que puedan hacerse extensibles a otros casos similares.

Dolado aseguró que para prevenir la muerte en soledad existen sistemas de gran ayuda, como los detectores de presencia, valorados en 50 euros, o el teléfono de atención al mayor. «Se trata de un problema estructural que viene para quedarse», subrayó tras hacer referencia al constante crecimiento de la población en los grupos de mayor edad. El Ombudsman aragonés señaló que sería asimismo de gran ayuda realizar un censo o mapeo de dónde se encuentran las personas ancianas que pueden requerir ayuda de la Administración y de su entorno. Pero explicó que este proyecto se topa con grandes dificultades debido a la normativa sobre protección de datos y el derecho a la privacidad.

Asimismo, Dolado hizo referencia a que debe avanzarse en campos como la concesión de autorizaciones de personas que pueden verse en riesgo para que quede constancia de su situación y los servicios sociales puedan actuar, llegado el caso.

En el turno de intervención de los partidos, Álvaro Sanz (IU) y Carmen Martínez (Chunta) pidieron que se destinen más recursos públicos» y «otra política fiscal» en el caso del colectivo de personas en situación de riesgo, mientras que Jesús Guerrero hizo hincapié en la necesidad de «preparar una Ley del Mayor». David Arranz, de Vox, señaló que se trata de «un problema de Estado» que puede tener un impacto positivo en el empleo, al tiempo que Itxaso Cabrera, de Podemos, habló de la necesidad de «poner más medios». Por su parte, Beatriz García (Cs) insistió en la educación en valores; Marián Orós (PP) dijo que habría que «dotar de presupuesto» y «priorizar» los planes, y Pili Zamora (PSOE) apostó por la «prevención».

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