El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, pidió ayer una reforma de la ley de 1985 que regula la institución para dotarle de más efectividad. En una comparecencia, a petición propia, ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes, el Justicia se quejó del silencio de la Administración a sus recomendaciones, y abogó por aplicar "el silencio administrativo positivo. Es decir que si pasados cuatro meses la Administración competente no responde, se entiende que acepta la resolución". Sólo en el 2003, de los 306 expedientes enviados, 43 se archivaron por esta causa.
La reforma que busca el Justicia también ampliaría sus competencias a "las personas físicas o jurídicas concesionarias o gestoras de un servicio público". Como ejemplo, García Vicente puso el control de la telefonía. Y, como tercer punto "esencial", pide la intervención directa en la Administración Local aragonesa, limitada por una sentencia del Constitucional de 1988, aunque la esté realizando de facto .
En su intervención, Fernando García Vicente esbozó sus actuaciones futuras al frente de la institución, y anunció la puesta en marcha de una oficina de atención al ciudadano. "La experiencia ha demostrado que muchas personas no quieren presentar una queja, sino sólo pedir información", explicó ante la Cámara.
Asimismo, extenderá al medio rural su trabajo mediante la apertura de oficinas delegadas en las comarcas. Y revalidará su compromiso con los colectivos más desfavorecidos: menores, mujeres, discapacitados, ancianos e inmigrantes.
