El Justicia de Aragón, como institución de referencia en la comunidad, necesita una reforma. Y el actual responsable del cargo, Ángel Dolado, ya ha trasladado a los grupos municipales una propuesta de once puntos para que impulsen una reforma de la ley del justiciazgo vignete en la actualidad con la intención, entre otras novedades, de introducir una limitación al mandato de siete años. Esto implicaría también la adaptación total de la legislación al Estatuto de autonomía y así lograr la gestión total de las competencias diseminadas en otras normas.
Así, Dolado, que ayer presentó la memoria del 2019 sobre la institución, señaló que la mejora del funcionamiento del justiciazgo no pasa necesariamente por un aumento presupuestario, sino por ampliar su ámbito de actuación. La ley reguladora ya tiene casi 35 años y considera que hace falta una reforma «para su adaptación a los nuevos tiempos, desde la perspectiva de la experiencia adquirida a lo largo de los años y con la referencia de otras defensorías».
MÁS INDEPENDENCIA
En la propuesta del actual Justicia de Aragón se explica que la limitación del mandato «sin posibilidad de renovación» se consigue «una real independencia del titular de la institución». Pone como ejemplo lo que sucede en Cataluña y se muestra abierto a debatir sobre el tiempo final del ejercicio.
Dolado habla también de redefinir sus competencias, centrándola en el derecho foral aragonés y pide la extensión de las facultades de supervisión a la actuación de empresas o entidades privadas que presten servicios públicos.
Otras sugerencias que ha trasladado a las Cortes de Aragón pasan por la determinación de un sistema de obligatoriedad de cooperar con la institución en sus investigaciones «incluso con un marco sancionador ante la negativa u omisión de respuesta».
En lo concreto, Dolado considera necesario mejorar la regulación del personal que trabaja en el justiciazgo, de potenciar, con apoyo legal, «de las actuaciones proactivas de la institución en el desarrollo de sus funciones». Y también recuperar la función histórica del Justicia de ser notario del juramento de los altos cargos de la comunidad autónoma.
SERVICIOS SOCIALES
El informe sobre la actividad durante el pasado 2019 del Justicia de Aragón evidencia una vez más la falta de recursos para los servicios públicos. El responsable actual de la institución señaló ayer que entre los expedientes que han recibido han visto la necesidad de aumentar las plazas residenciales, así como la necesidad de «aumentar recursos materiales y humanos» para la comisión de tutela del Gobierno de Aragón.
Dolado precisó igualmente que hace falta mejoras en las prestaciones del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y en su compatibilidad con el desarrollo de empleos temporales. Además, explicó que en las quejas que presenta la ciudadanía ha constatado las dificultades de acceso a las residencias de ámbito rural gestionadas por municipios y la necesidad de «convalidar los reconocimientos de dependencia entre comunidades» así como evitar retrasos a la hora de valorar los grados de discapacidad.
Más allá de la actividad diaria del justiciazgo, que durante el pasado ejercicio gestionó 1.612 expedientes, de los cuales solo un 16% fueron rechazados por la administración correspondientes, Dolado celebró la rápida respuestas (en general) que reciben por parte de las instituciones cuando les dan un toque de atención. Así, indicó que solo un 13% ha quedado archivado sin respuestas.
El informe del Justicia, que se le trasladó al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, será presentado, previsiblemente en el pleno el próximo mes de marzo. Dolado indicó que el pasado año fue el primer ejercicio completo al que ha tenido que hacer frente. Como logro celebró la puesta en marcha de una oficial de atención a la ciudadanía, aunque también han visto que la institución tiene que mejorar en el seguimiento de las recomendaciones y sugerencias que emiten, algo que podría lograrse si finalmente se tramita una reforma de la ley del justiciazgo.
LISTAS DE ESPERA
De entre los expedientes gestionados, del área de Agricultura y Medio Ambiente destacó el problema producido por los purines en Loporzano y Fonz, que incluso ha llegado a tener trascendencia nacional. Además, se han seguido produciendo reclamaciones sobre el ICA.
Las quejas en materia sanitaria han sido las más numerosas y tienen que ver, en general, con las listas de espera en traumatología o neurocirugía. Además se ha puesto en evidencia la falta de profesionales en la provincia de Teruel. En circunstancias similares se encuentra el área educativa, especialmente a la hora de repartir las plazas en los colegios.
Dolado también destaca que la ciudadanía busca amparo a la hora de solucionar el retraso en el pago de las ayudas al alquiler y pone en evidencia la «necesidad de ampliar las bolsas de vivienda social», que califica de casi inexistentes. Por último, ha destacado que se han puesto en marcha procesos de mediación para abordar cuestiones como el ruido producido por el ocio nocturno o para abordad problemas de convivencia, como ha sucedido en el Perpetuo Socorro de Huesca.
