+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico de Aragón:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 
   
 
 

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LAS DENUNCIAS CIUDADANAS

El Justicia registra un 53% más de quejas en Servicios Sociales

La institución inicia 1.669 expedientes, de los que más del 40% siguen sin respuesta. Las consultas al SEPE y la asistencia sanitaria telefónica centran las demandas

 

El Justicia, Ángel Dolado, el presidente de las Cortes, Javier Sada, y el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, en el despacho de Presidencia de las Cortes de Aragón, este lunes. - ÁNGEL DE CASTRO

LAURA CARNICERO
22/02/2021

El año 2020 quedará marcado en la retina de todos los ciudadanos como el año de la pandemia del coronavirus, y también en el informe del Justicia de Aragón, que revela en todas sus actuaciones el notable impacto del covid-19 en las quejas y demandas que los aragoneses dirigieron a la institución el pasado ejercicio.

Las relativas a los Servicios Sociales fueron las que incrementaron de una manera «exponencial», un 53% respecto al 2019, según reconoció el Justicia, Ángel Dolado, que ya avanzó que la crisis deja un «incremento» de la desigualdad que no ha hecho sino empezar. La gestión de las residencias de mayores o los retrasos en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital son algunos de los asuntos que llevaron a abrir más expedientes. También la gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ertes) desde el Servicio Público de Empleo Estatal, la atención vía telefónica en la Atención Primaria, su falta de recursos humanos y la brecha digital durante el cierre de colegios son otras de las denuncias más reiteradas al Justicia.

«Un montón de personas han venido a lo largo del año al Justicia y nunca antes habían pensado que tendrían que venir», resumió ayer Dolado. En total, la institución abrió 1.669 nuevos expedientes y atendió a más de 3.000 personas --puesto que hay consultas que no derivan en la apertura de un expediente--. Solo en los dos primeros meses de la pandemia, con el confinamiento estricto, el Justicia recibió «400 llamadas de socorro, de ayuda, de interpretación jurídica de decretos nacionales o autonómicos».

La profusa legislación por parte del Gobierno central o del autonómico han centrado también una parte de las denuncias de los ciudadanos, por la dificultad de interpretación de estas normas. Por ahora, «más del 50% de las propuestas del Justicia han sido aceptadas y solo 10% rechazadas. Quedan pendientes de respuesta más de un 40%: se ha ralentizado la Administración a todos los niveles», subrayó Dolado.

Informes temáticos

El Justicia de Aragón trabajó también en el 2020 en la elaboración de informes temáticos. El primero de ellos, sobre las residencias, puso de relieve que el modelo de «macroresidencias no es el más ideal». Además, el pasado año se puso en marcha el Observatorio de la Soledad, que sin embargo todavía no ha dado frutos. Tal y como explicó Dolado, la primera reunión de trabajo se celebró el pasado mes de enero. Eso sí, ante las dificultades de contacto en el proceso de vacunación para los mayores de 80 años, el Justicia aportó una primera conclusión: «Si queremos ayudar a nuestros mayores, tiene que haber una clara conexión entre los servicios sociales y sanitarios».

 El informe sobre los menores tutelados se focalizó, principalmente, en cuál fue su situación durante el periodo de confinamiento estricto. El estudio refleja que no se produjeron grandes conflictos, pero Dolado puso el relieve en la situación de estos menores cuando cumplen 18 años. En este caso, aseguró, se les renovará el permiso de residencia y las contrataciones no deberán ser de un año o más. Un avance, aseguró Dolado, conseguido a través de los grupos de presión como el Defensor del Pueblo.

A nivel educativo, el Justicia recibió en el 2020 reivindicaciones por parte de las familias y de los profesores, principalmente en la línea de reclamar la presencialidad en las aulas, pero también denunciando situaciones en las que no se cumplían las medidas de seguridad frente al coronavirus. Finalmente, el Justicia realizó un informe sobre menores y juego, porque «el juego presencial y sobre todo, online, fue aumentando con la pandemia de forma exponencial». Y a través de este informe, realizaron un centenar de propuestas a la nueva ley que las Cortes están tramitando al respecto.

Aclaraciones jurídicas

Javier Hernández, lugarteniente del Justicia de Aragón, recordó asimismo la labor de la institución para aclarar conceptos jurídicos a raíz de la profusa creación de normativas con motivo de la pandemia. Entre otros, recordó la intervención del Justicia respecto al término «familia», empleado por el Gobierno central para permitir o no los desplazamientos y reagrupamientos sociales durante la Navidad. «Concluimos que en el ordenamiento jurídico aragonés y en el estatal el concepto de familia no aparece en ningún sitio, por lo tanto, hacer normas de carácter público utilizando conceptos de derecho privado que no estaban definidos, supone realmente una vulneración de derechos», manifestó.

Annus horribilis, sed non in albis, año nefasto por la crisis sanitaria y social, pero no en blanco, por la continuidad de la acción del Justicia, es el lema del informe presentado ayer.

«Si fijas la lupa en la vacunación, la gente se lo piensa dos veces»

El Justicia de Aragón abrió el 27 de enero un expediente de oficio para investigar si el proceso de vacunación se estaba desarrollando conforme a los estándares establecidos. Según explicó Ángel Dolado, se abrió tras recibir «ocho quejas particulares y concretas sobre las vacunaciones y cuatro o cinco hechos notorios y publicados, como la denuncia pública del cirujano del Obispo Polanco de Teruel, que no se pudo demostrar, y tras las comparecencias de la consejera donde no le daba importancia al tema». Una actuación que se basó en el principio de «prevención general».

«El desajuste se produjo entre el 27 de diciembre hasta el 14 de enero, cuando se firma el primer protocolo de actuación», asegura Dolado. Después de iniciar ese expediente, el Justicia ya no recibió más quejas sobre ello. El 28  de enero, recordó, Sanidad determinó «que tenía que haber controles previos y de seguimiento». «Si fijas la lupa en un tema, todos se lo piensan, tanto los que podían tirar de picaresca como los que hacen las normas», incidió. 

Las demandas de los ciudadanos, por temas

1. Las residencias y su régimen de visitas

El Justicia elaboró un informe específico sobre las residencias, que recoge cómo las quejas evolucionan con el devenir de la pandemia. Al inicio, las demandas estaban relacionadas con la falta de información sobre la situación de los mayores, y después, sobre el régimen de visitas. Además, el Justicia constató en las primeras semanas «una fuerte presión de los centros hospitalarios hacia familias y residencias para hacerse cargo de sus familiares, no siempre en condiciones adecuadas, y sin pruebas PCR».

2. «Frustración» por el Ingreso Mínimo Vital

En el 2020, las quejas relacionadas con el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) se trasladaron al Ingreso Mínimo Vital (IMV), por los retrasos en su puesta en marcha y los supuestos que dejaba fuera de la prestación. El Justicia valora positivamente la decisión de la DGA de prorrogar la vigencia de los IAI que estaban concedidos. Así, el retraso no ha afectado a quienes lo cobraban, sino a los nuevos prestatarios. Las «grandes expectativas creadas», señala el Justicia, han provocado «frustración» entre los solicitantes.

3. Retrasos en dependencia y discapacidad

Uno de los efectos colaterales de la pandemia ha sido el retraso --o suspensión en el caso de los mayores en los meses de confinamiento-- de los procedimientos de evaluación del grado de dependencia y discapacidad en Aragón. El Justicia a iniciar un expediente de oficio al superarse las 10.000 personas en lista de espera para el reconocimiento del grado de discapacidad. El Justicia denuncia que, en ocasiones, exceden «en más de un año» el plazo legal establecido.

4. Más quejas en Sanidad

El Justicia ha detectado un incremento de quejas en el ámbito sanitario, con un total de 153 expedientes tramitados en el 2020. A las habituales demandas de falta de profesionales sanitarios, listas de espera en atención especializada, o falta de recursos en salud mental, en el 2020 se suman las que están relacionadas con la pandemia, como la falta de equipos de protección individual, la disconformidad con las medidas adoptadas por Salud Pública y actuaciones realizadas por las mutuas. 

5. Atención telefónica en Primaria

Uno de los asuntos que más demandas ha centrado en el ámbito sanitario, según el informe del Justicia, es la atención a los pacientes en los centros de salud de Atención Primaria. Entre otras cuestiones, las quejas ciudadanas se centran en que no cogen el teléfono en el centro de salud; que las consultas no son presenciales; que la hora en la que el personal sanitario se pone en contacto para realizar la consulta no se aproxima a la de la cita previa o incluso, la dificultad de atención domiciliaria para mayores de 75 años.

6. Menos quejas por las listas de espera

En el 2020, los ciudadanos trasladaron al Justicia un 12% menos de quejas respecto a las listas de espera que el año anterior. Según su informe, casi la mitad de esas demandas (el 45% del total) se trasladaron solo durante los meses de enero y febrero, ello a pesar de que las personas en lista de espera han seguido creciendo. El Justicia interpreta en su informe que «esto puede ser un indicador del grado de comprensión de la población con la excepcional situación que se está viviendo debido a la pandemia».

7. La brecha digital en la Educación

El coronavirus también incrementó el número de quejas al Justicia en el ámbito educativo, principalmente relacionadas con la demandas del regreso a las aulas ante los problemas de la brecha digital, y por otro lado, relacionadas con la vuelta a las aulas, exigiendo las garantías de un proceso seguro frente al virus. Al inicio de la pandemia, las principales quejas señalaban la falta de cobertura en algunas zonas de Aragón, así como los problemas de conciliación. Por ello, el Justicia abogó por la presencialidad en las aulas.

8. Los retrasos en las ayudas de Vivienda

El Justicia ha recibido un elevado número de quejas en relación con las viviendas de alquiler social, fundamentalmente, «por la larga espera de tiempo para que se adjudique una vivienda a pesar de tener aprobada la solicitud». Unos retrasos motivados por la escasez de viviendas y la falta de personal. El Justicia abrió un expediente de oficio por el retraso en el pago de las ayudas ordinarias al alquiler, con más de 3000 familias afectadas, «por la complejidad de la convocatoria y la escasez de recursos».

9. Dificultad de contacto con el SEPE

El Justicia detectó un gran aumento de preguntas relacionadas con el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) por la dificultad de ponerse en contacto con las oficinas. La causa que ha estado detrás del citado incremento ha sido «la desbordante carga de trabajo que han tenido que enfrentar derivada de la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (erte) y la limitación de efectivos provocada por la pandemia». Otras quejas están relacionadas con cobros indebidos que debían ser devueltos.

10. Limitación de derechos y libertades

El incremento de normativas aplicables a raíz de la pandemia y las restricciones a derechos fundamentales que algunas de ellas entrañan ha supuesto un aumento de quejas al Justicia de Aragón. La mayoría de las consultas o quejas registradas estaban relacionadas con las restricciones a la movilidad permitida, la situación en las residencias de mayores y el régimen de visitas, la provisión de equipos personales de seguridad, o las limitaciones de la implantación de la telemedicina en Atención Primaria.

 
 
2 Comentarios
02

Por earagon59 13:12 - 23.02.2021

Por LIA -La culpa no es de ellos, es del que pone las ordenanzas y leyes, yo he paseado por una urbanización del pirineo a las 10 de la mañana completamente solos sin nadie y la mascarilla debajo de la barbailla pasar el coche de la guardia civil e indicarme que tenia que llevar la mascarilla puesta, y a 2 km. en el pabellon de deportes del pueblo 15 muchachos o más sin jugar y hablando y chillando y sin mascarillas, este país no tiene solución desde el mismo día que entró Felipe el que trajo la corrupción y los contratos basura.

01

Por LIA 10:57 - 23.02.2021

Y yo como ciudano pidal Justicia de Aragón que hable con el Ayuntamiento y con la DGA ,para que los INCIVICOS que hacen deporte en los parques s y por las ceras de las calles e pongan mascarilla, ya que los nos sentimos desprotegidos los no estamos haciendo deporte, y creo que es hora de imponerles un horario los fines de semana. No es normal que nos pasen por nuestro lado resoplando y sin máscarilla, y ojo como alguien les diga que pasen más alejados. Creo que ya es hora de que nos sintamos protegidos de esos INCIVICOS.