Varapalo judicial para el Ayuntamiento de Zaragoza. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza ha declarado «nula y sin efecto» la subasta de suelos que diseñó el anterior Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) para la venta del terreno de los antiguos depósitos Pignatelli en los que se preveían construir 77 viviendas libres y 30 públicas para el alquiler. La sentencia, que puede ser recurrida, concluye que el proceso de reparcelación incumple la Ley de Urbanismo de Aragón y da la razón al Gobierno de Aragón que elevó a los tribunales el proceso administrativo al detectar «irregularidades».

El anterior Gobierno de Zaragoza, que impulsó la reconversión de los depósitos y contó con el apoyo de la oposición, aprobó el 5 de octubre del 2018 el proyecto de reparcelación de dos terrenos edificables que pasaron a integrar el patrimonio público de suelo, un dato que, según el juez, «conviene tener muy presente» porque obliga al ayuntamiento a cumplir la Ley de Urbanismo de Aragón, como precisó el Ejecutivo autonómico en su demanda.

Para realizar la subasta de los 77 pisos se optó por la fórmula de permuta a cambio de urbanizar la zona y ejecutar varios equipamientos públicos y 30 viviendas protegidas. Según la sentencia, esta técnica de enajenación incumple la normativa por dos razones: porque el proyecto «no ha fijado los plazos máximos para la realización de las obras de urbanización», lo que dificultaría «la valoración de las mejoras ofertas en dichos plazos», y porque tampoco lo ha hecho con «los precios máximos de venta o arrendamiento en las edificaciones resultantes», dando libertad total a los posibles y futuro promotores.

SIN MÁXIMOS / El magistrado, que también apunta que «nadie ha cuestionado» que estas parcelas puedan ser utilizadas para la construcción de viviendas, señala que en el pliego de condiciones ahora anulado «no hay una fijación concreta de un plazo para la urbanización, ni menos aún para la edificación de las viviendas», sino que se limita a decir que el precio de la parcela se satisfará «parte en especie» y «parte en metálico». Algo que, matiza, no era posible en el momento en el que se licitó porque «el proyecto de urbanización no existía». Sin embargo, eso no eximía al consistorio de cumplir la ley, que dice que el ayuntamiento «no puede acudir al procedimiento de licitación en cualquier momento, sino que debe esperar a que se puedan cumplir las exigencias legales».

En el fallo también se hace referencia a los precios máximos de venta o arrendamiento de las edificaciones resultantes y recuerda que, según la normativa, solo para las viviendas protegidas rige un sistema de precios máximos, algo que no contempló ZeC en la redacción de sus pliegos de condiciones. «No existe libertad», insiste el magistrado, que ve «loable» que el ayuntamiento quiera obtener financiación por esta actuación.

Por todo ello, declara nulo el proceso administrativo y sin efecto al concluir que vulnera la Ley de Urbanismo de Aragón.

El Gobierno de PP y Cs paralizó la reconversión por «prudencia»

La reconversión de los depósitos de Pignatelli es uno de los proyectos estrella que ZeC logró impulsar durante la pasada legislatura y que, además, contó con el apoyo de la oposición. Tras el recurso presentado por el Gobierno de Aragón por las supuestas irregularidades -que ahora confirma la Justicia-, el actual Gobierno PP-Cs decidió frenar la operación «por prudencia». Esto aplazó el inicio de las obras entre «seis y siete meses» que ahora, con el fallo del magistrado, vuelven a quedar en el aire porque habrá que volver a redactar el proyecto.