La reclamación civil de los bienes del Monasterio de Sijena vendidos a la Generalitat y al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) dio ayer un nuevo paso en los juzgados de Huesca, donde se celebró una vista previa al juicio que enfrentará a las partes por estos hechos y que, según se decidió, tendrá lugar el próximo 27 de febrero.
La vista se celebró en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Huesca, y en ella expusieron sus alegaciones, argumentos y petición de pruebas los letrados del Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Sijena, como parte demandante, y los de la Generalitat, MNAC y Orden de Monjas Sanjuanistas.
La demanda del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Sijena insta la nulidad de los tres contratos celebrados en 1983, 1992 y 1994 a través de los cuales la orden religiosa vendió a la Generalitat y al MNAC un total de 97 piezas del patrimonio histórico artístico del cenobio, que es monumento nacional desde 1923.
Los letrados demandantes consideran nulas las ventas ya que la de 1983 se formalizó sin informar al Ministerio de Cultura y las dos siguientes sin dar cuenta al Gobierno aragonés, que ostentaba entonces las competencias en materia de patrimonio.
El letrado del municipio de Villanueva de Sijena, Alfonso Español, defendió la legitimidad de su demanda tras recordar que los bienes del cenobio fueron "salvados del fuego" durante la guerra civil por los vecinos y deben ser considerados parte integrante tanto del patrimonio nacional como del local.
Una de las cuestiones sobre la que más insistieron los letrados de la Generalitat y del MNAC fue la referida a la valoración actual de los bienes, que la juez circunscribió en su causa al precio establecido en los contratos, alrededor de 300.000 euros, y que las partes demandadas cifran actualmente en 2,4 millones.
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo al plantear los letrados del Ayuntamiento de Sijena y del Gobierno de Aragón la comparecencia de dos catedráticos de historia medieval de la Universidad de Zaragoza en calidad de peritos. El abogado del MNAC impugnó la presencia de estos expertos al entender que el estar vinculados a una institución académica aragonesa les "inhabilitaba" para expresar una opinión imparcial en la causa, una impugnación que fue rechazada de forma contundente por la jueza.
